XXVII congreso nacional

Jueces para la Democracia critica que se recurra en exceso a penas de prisión

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) advirtió ayer de que el sistema penal español recurre "con exceso" a medidas de prisión y a aumentos sucesivos de penas que no ayudan a las víctimas y solo construyen "una falsa sensación colectiva de inseguridad o impunidad". Entre las conclusiones de su XXVII congreso nacional, critica que los responsables políticos "restrinjan las libertades y garantías constitucionales" recurriendo al Derecho penal.

La asociación judicial critica también la imposición "indiscriminada" y "desproporcionada" de tasas judiciales porque limita notablemente el acceso a la tutela judicial efectiva, especialmente al consumidor, y tiene una finalidad "estrictamente" recaudatoria. A su entender, el proyecto adelantado por el Gobierno en materia de tasas judiciales "no tiene nada que ver con el combate de la litigiosidad infundada o el abuso de la administración de justicia".

"Este Gobierno está empeñado en reducir la carga de los tribunales de segunda instancia y del Tribunal Supremo, cuando en dichas instancias y en el ámbito civil no hay -hoy por hoy- una sobrecarga excesiva y, sin embargo, limita la revisión de las decisiones de instancia, dejando a los justiciables con una única oportunidad". El pleno del CGPJ aprobó la semana pasada un informe que critica duramente el anteproyecto de ley de tasas por considerar desmedidos los importes. El Ministerio de Justicia estima que los ingresos por este concepto pasarán de 172 a 305 millones.

Jueces para la Democracia alerta de que el "adelgazamiento forzoso" de la justicia, derivado de la falta de dotación de plazas, la reducción de los presupuestos en materia de formación, la falta de inversión y las tasas "desproporcionadas" está llevando a la "muerte por inanición" del Estado de Derecho.

Tasas judiciales

La revisión e incremento de las tasas judiciales supondrán unos ingresos para las arcas públicas de 305 millones anuales, frente a los 172 millones actuales. Con estos recursos el Ministerio de Justicia quiere sufragar el 100% del coste de la justicia gratuita.