El CSI-F exige que no se pueda despedir al empleado que aprobó una oposición
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó ayer a Hacienda que rectifique la reforma laboral para que no se pueda despedir a los empleados públicos que obtuvieron su plaza mediante oposición.
Coincidiendo con el tramo final del trámite parlamentario de la reforma laboral, actualmente en el Senado, el sindicato mayoritario en el sector público, el CSI-F, dirigió ayer una carta de tres páginas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el Grupo Popular para que modifique el texto de la norma y se excluya del mismo la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su plaza mediante oposiciones.
La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el conjunto de las administraciones públicas, pese a haber aprobado unas oposiciones.
"Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al efecto", puntualiza el sindicato.
De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción alternativa "que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleados Público, sea elemento diferenciador".
En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato recuerda que "el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado ni por los servicios públicos, ni por sus empleados", que, sin embargo, "han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales".
"Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con un tamaño homologable a los estándares europeos", añaden, para apostillar que "probablemente los 'mercados' tengan más información que los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del consumo".
Asimismo, CSI-F pone el acento en "muchos gastos realizados por las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios públicos" o en "algunas empresas públicas que solo existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación".
Los trabajadores aseguran que "hay margen para recortar"
El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, explicó ayer una vez que hizo entrega de la carta en el Ministerio de Hacienda que lo que está ocurriendo estos días en los mercados demuestra que España aún tiene margen para recortar sin acabar con los derechos de los trabajadores del sector público. En este sentido, citó como ejemplo los gastos realizados en diversas infraestructuras de transporte como en los aeropuertos "en los que no aterrizan aviones" o en el Plan E, que movilizó miles de millones de euros en obras que no sirvieron más que "para arreglar bordillos y adecentar cementerios".La carta remitida ayer al titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido enviada también a los presidentes de las comunidades autónomas para que se pongan en contacto con sus grupos parlamentarios y logren que en el Senado se modifique ese aspecto de la reforma laboral.