Los inspectores de Hacienda ven en la crisis la única posible justificación a la amnistía fiscal
Hacienda ha reconocido hoy que muchas de las medidas tomadas por el Gobierno en materia fiscal son difíciles de justificar, si bien ha pedido que estas decisiones, como la amnistía fiscal, se analicen en una situación de crisis y donde el objetivo prioritario es la reducción del déficit.
Se trata de la principal conclusión de una jornada de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) sobre "La lucha contra el fraude en tiempos de regularización fiscal extraordinaria".
En la clausura de la jornada, la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha admitido que si no fuera por la crisis, difícilmente se entenderían muchas medidas del Gobierno "de tanto calado y en tan corto periodo de tiempo".
Viana ha hecho referencia a algunos de los titulares periodísticos de hoy con palabras como abismo, encrucijada, laberinto, ajustes o rescate para sustentar su afirmación y ha incidido en los esfuerzos del Ejecutivo para superar la crisis.
Además, ha subrayado el objetivo del Gobierno en la lucha contra el fraude, una meta ahora "irrenunciable" para hacer frente a la actual situación económica.
Previamente ha intervenido el director general de Tributos, Diego Martín-Abril, quien ha admitido "la difícil justificación" que tiene la regularización fiscal aprobada por el Gobierno, aunque ha defendido que se lleve a cabo por la crisis.
El director de Tributos ha destacado que incluso la OCDE la recomienda en situaciones excepcionales.
La orden ministerial que recoge y concreta el real decreto de la regularización fiscal estará lista a comienzos de la próxima semana.
También ha intervenido el secretario de IHE, Francisco de la Torre, quien ha subrayado que cuando hay un perdón generalizado de impuestos y de las sanciones correspondientes se trata de una amnistía fiscal y no de una regularización.
De la Torre ha considerado que es una medida injusta, que deslegitima al sistema fiscal y a sus aplicadores y que desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
En cualquier caso, ha admitido que las circunstancias actuales son absolutamente extraordinarias y que esta medida es necesaria para hacer que vuelvan capitales a España, lo que aumentará la liquidez y la concesión de préstamos.
El secretario de IHE ha subrayado que España lo que necesita no son amnistías fiscales, sino recuperar la confianza de los inversores.
Por su parte, el expresidente de IHE José María Peláez ha expuesto la contradicción que supone el hecho de que las autoridades tributarias destaquen el éxito de los sucesivos planes de prevención contra el fraude cuando si esto fuera cierto no se hubieran puesto en marcha los posteriores.
En su opinión, se han adoptado más de 500 medidas en los últimos años y la situación no ha cambiado sustancialmente.
Peláez ha asegurado que es imprescindible una definida voluntad política para luchar contra el fraude, más allá de la adopción de medidas aisladas, que son insuficientes para combatirlo.
En este sentido, ha pedido un incremento de los medios humanos y materiales, cambiar los métodos de trabajo de la inspección y reforzar la lucha contra los fraudes de carácter organizado y delictivo.
También ha defendido la aprobación del estatuto orgánico de la Agencia Tributaria para garantizar la máxima independencia, para lo que el director de este organismo debería ser nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y por un periodo de cinco años.