_
_
_
_
Funciona prácticamente como una agencia estatal

La pugna por el control de Enresa se salda con el nombramiento de dos ejecutivos

La pugna que han mantenido el Ministerio de Industria y la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, por el control de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), se ha resuelto con una sorprendente solución salomónica: el nombramiento como presidente del candidato de Cospedal, Francisco Gil Ortega, y el de Industria, Adolfo Cazorla, como consejero delegado. Un cargo este de nueva creación, extraño en una empresa que no cotiza y que funciona prácticamente como una agencia estatal. Tras la batalla por Enresa está la sombra alargada del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, de cuya construcción, con una inversión de 890 millones, se ocupará la empresa pública. Además, Enresa tiene un fondo de 3.200 millones aportados por el sistema eléctrico para la gestión de residuos y el futuro desmantelamiento del parque nuclear español.

En un consejo agónico, que se prolongó hasta bien entrada la noche del lunes, la SEPI, que tiene el 20% de Enresa, aprobó el relevo del actual presidente de la compañía, José Alejandro Pina, al que se le comunicó hace varios meses que sería destituido, con la consiguiente paralización del proyecto. En medio de la batalla, la SEPI tenía una candidata con un perfil técnico, la consultora Mariola Pina, vicepresidenta de Hitachi, experta en energía e industria nuclear.

En el pulso entre el gobierno de Castilla La Mancha e Industria (Cazorla fue propuesto por el secretario de Estado de Energía) también ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha resistido hasta el último momento a dejar Enresa en manos de Cospedal. Pese a que el PP de Castilla-La Mancha se opuso abiertamente al proyecto socialista del ATC, ahora Cospedal se ha considerado con derecho sobre el mismo, tras la luz verde dada por el Gobierno de Rajoy para que se ubicase en el municipio conquense de Villar de Cañas.

Francisco Gil es en la actualidad vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y fue alcalde de Ciudad Real entre 1995 y 2007. Por su parte, Adolfo Cazorla es ingeniero agrónomo y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. La SEPI nombrará próximamente un director financiero.

Archivado En

_
_