Asamblea nacional en Cádiz

Los graduados sociales apoyan la colegiación obligatoria

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier san Martín, se ha opuesto rotundamente "a la liberalización de los servicios profesionales" que puede poner en marcha el Gobierno con la reforma de la Ley de Servicios Profesionales.

"La colegiación debe seguir siendo obligatoria para todas las profesiones, pero desde luego para los graduados sociales". Según San Martín, esta posibilidad de hacer voluntaria la pertenencia no sólo no "contribuiría en nada a dinamizar la economía sino que pondría en riesgo los derechos de los ciudadanos". Los colegios profesionales "no son centros de servicios" sino que, en su opinión, "evitan que el ejercicio profesional sea una jungla".

En otro orden de cosas, el máximo representante de los graduados sociales apostó por una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para "despolitizar" su composición. En su opinión, los jueces deben ser nombrados por los jueces "y los representantes de todas las profesiones jurídicas -notarios, graduados, procuradores, abogados y registradores- deben estar presentes en el CGPJ, a propuesta de "los Consejos Generales de cada una de estas profesiones".

Durante la jornada de hoy de la Asamblea Nacional de Graduados Sociales, también ha tenido lugar la ponencia del presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, que ha vuelto a expresar sus dudas acerca de la legalidad del contrato de emprendedores introducido en la reforma laboral. Para Moliner, el contrato de emprendedores no responde a su nombre "porque pueden acogerse empresas ya constituidas, no de nuevo lanzamiento" y sobre todo "el establecer un período de prueba de un año con carácter general "puede atacar al principio de causalidad" del ordenamiento jurídico.

Para el magistrado, "los periodos de prueba tienen que ser de prueba real" y deben tener una duración razonable". Según Moliner, "otra cosa sería si el contrato "se denominara y respondiera a ser un "contrato de crisis", en cuyo caso estarían justificadas determinadas medidas de "economía de guerra", sugiriendo al Senado ese camino cuando el proyecto de Ley llegue a la Cámara Alta.

Estas manifestaciones se realizaron en el marco de la XII Asamblea Nacional que las organizaciones colegiales de este colectivo viene desarrollando en Cádiz desde el jueves y que clausura hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.