Las gestoras creen que el Estado debe resarcir a las empresas que reclamen por el canon
Las entidades de gestión advierten de que cualquier reclamación sobre el canon digital por parte de las empresas, quienes según la justicia europea no debían abonar dicha tasa, tendrá que hacerse contra el Estado español y no contra ellas. En su opinión, es culpa del Gobierno no adecuar la legislación española a la europea en este asunto.
Las entidades de gestión están en alerta. Temen un aluvión de denuncias de empresas, entre ellas compañías tecnológicas y grandes y pequeñas cadenas de distribución, reclamándolas la devolución del canon digital pagado antes de 2012. Lo temen porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Padawan declaró que el canon español no se ajustaba a la legislación comunitaria por ser indiscriminado y sentenció que las empresas no debían pagar tal compensación por copia privada.
Pero, en una nota mandada por Egeda, Aisge y Dama, las entidades de gestión advierten que "si los grandes almacenes o alguna empresa de otro sector quieren reclamar la compensación por copia privada o interponer una demanda por material comprado antes del año 2012, es obvio que no pueden hacerlo contra nosotras ni con carácter retroactivo".
Las citadas entidades subrayan en su comunicado que corresponde al Estado resarcir a los distribuidores y fabricantes y a los titulares de derechos por la "inadecuación" de la ley española al derecho comunitario. "Máxime, cuando las entidades de gestión han reiterado constantemente al Gobierno que procediese a tal adecuación, sin obtener resultado alguno".
La movilización de las entidades de gestión se produce después de que el despacho Cuatrecasas esté planteando a algunas empresas llevar a cabo una reclamación por este asunto. Pero, como señaló a CincoDías Blas Alberto González, director del área de Propiedad Intelectual de Madrid de Cuatrecasas, "lo que estamos proponiendo a las empresas afectadas es que hagan esa reclamación patrimonial contra el Estado porque la legislación no se ajustaba a la directiva". Otros despachos de abogados, sin embargo, están convenciendo a sus clientes para ir contra las entidades de gestión, según revela alguna de ellas.
En la misma nota, Egeda, Aisge y Dama apuntan que las entidades de gestión están alarmadas por la inseguridad jurídica que ha creado el Gobierno del PP con el nuevo modelo del canon por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado, aprobado por real decreto ley en diciembre. Ello supone que, a partir del pasado mes de enero, las empresas tecnológicas, importadores y fabricantes de equipos dejan de abonar el canon digital y pasan a pagarlos todos los españoles, hayan hecho o no copia privada de obras, con sus impuestos.
"El hecho de que los presupuestos generales del Estado estén aún en fase de debate en el Congreso de los Diputados y que no se haya dotado una partida presupuestaria para el canon por copia privada, ha creado una inseguridad jurídica a los titulares de derechos representados en las entidades de gestión y ha supuesto desventajas competitivas a las empresas que han cumplido con la ley", aseguran las entidades en su escrito. Esta añade que, aunque las entidades no comparten el contenido ni la forma del Real Decreto Ley, "todos los materiales adquiridos anteriormente seguían estando sujetos a la compensación". Igualmente, destacan que "ha habido varias empresas que han intentado aprovecharse de la situación poniendo en el mercado materiales adquiridos antes del 1 de enero del 2012 sin repercutir el canon por copia privada, para obtener una ventaja competitiva frente a las que cumplen con sus obligaciones".
