Las subcontratas quieren que se obligue a las constructoras a pagar sus deudas
Las subcontratas de las grandes constructoras están presionando al Ejecutivo para que habilite un mecanismo que les permita cobrar lo que les adeudan a través del plan de pago a proveedores. Incluso van más allá y reclaman un régimen sancionador de hasta 900.000 euros y cierres temporales para aquellos grupos que incumplan de forma sistemática los plazos de pago fijados en la ley.
El mecanismo del plan de pago a proveedores encara uno de los momentos más esperados por parte de las empresas que han ido acumulando facturas impagadas de ayuntamientos y comunidades autónomas. A partir del próximo 31 de mayo, pymes y autónomos cobrarán su deudas, que en algunos casos están contabilizadas en pesetas. Los primeros que lo harán serán aquellos con las más antiguas y que no hayan presentado reclamaciones judiciales.
Sin embargo, todavía hay muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, que tienen dudas sobre cómo y cuándo van a cobrar. El rechazo a 2.000 planes de ajuste municipales, requisito imprescindible para acceder al plan de pago a proveedores, levantó sospechas la semana pasada entre las grandes constructoras ante el posible retraso en el cobro, lo que podría lastrar sus resultados del segundo trimestre. Hacienda las tranquilizó al asegurar que cobrarán en el plazo fijado. El Estado les garantizó que adelantará el dinero que adeudan esos municipios y luego lo recuperará a través de la retención que practicará en la participación de esos ayuntamientos en los ingresos del Estado. Solo queda por saber la cuantía de esas retenciones, que se detallarán en una orden ministerial que verá la luz con toda seguridad la semana que viene.
Ahora, la inquietud ha surgido en las pequeñas y medianas empresas que han sido subcontratadas por las grandes constructoras y que acumulan un gran volumen de deuda. Ante la falta de pago de las Administraciones públicas, las grandes retrasaron el abono de las facturas y las pequeñas acumularon muchos contratos impagados.
El Ejecutivo deberá transponer la directiva europea que regula la morosidad en 2013
Ahora, las grandes van a cobrar de las Administraciones, gracias al plan de pago a proveedores, que no habilita ninguna solución para las deudas que acumulan a su vez con las subcontratas. Estas, representadas a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (engloba a más de un millón de empresas y a 1,5 millones de trabajadores), quieren llevar hasta el último extremo la negociación y están presionando al Ejecutivo para que establezca un mecanismo transitorio que permita que las pymes también se vean beneficiadas por ese instrumento.
Esta plataforma fue la principal impulsora de la modificación de la Ley de Morosidad, que finalmente fue aprobada en julio de 2010. "La norma no se puede parar en la contrata, sino que el crédito debe fluir hacia abajo para que muchas subcontratas puedan recibir el dinero que se les adeuda", apunta Rafael Barón, presidente de la plataforma y de la patronal de bienes de equipo Sercobe. En general son la gran mayoría de empresas que han presentado facturas impagadas para el plan de pago a proveedores. "En España hay 17.000 empresas de más de 100 trabajadores frente a las tres millones de compañías censadas", recalcó.
Una vez que se hayan saldado todas las deudas, Barón cree que es imprescindible fijar cambios en la ley para definir de una manera más precisa la relación entre el contratista y los subcontratados. "En los pliegos de licitaciones debe constar, de forma expresa que, en caso de subcontrataciones por parte de la empresa adjudicataria, esta deberá cumplir con los subcontratados de forma escrupulosa los plazos de pago que fija la propia ley", indica. Con el contador de la deuda a cero, Barón también considera vital poner en marcha un régimen sancionador por incumplimiento, tal y como está implantado en el resto de socios europeos, para evitar que el volumen de impagos llegue a los 27.000 millones de euros que se han tenido que financiar con cargo al plan de pago a proveedores. "Sin él, la ley constituye un mecanismo incompleto e ineficaz", apunta.
Antes de las pasadas elecciones del 20-N, la plataforma envió a todos los grupos parlamentarios (contó con el apoyo del PP en la oposición para sacar adelante la nueva Ley de Morosidad) una proposición de ley en la que solicitaba multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves. Esa propuesta también contemplaba que las comunidades puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. El documento ha vuelto a enviarse a todos los grupos parlamentarios, y el presidente de la plataforma confía en que este régimen se apruebe en breve. "La obligatoriedad de contar con un listado de sanciones por incumplimiento está incluida dentro de la directiva europea, que deberá estar transpuesta a partir del 17 de marzo de 2013", recalca.
A la espera de que se arbitren estos mecanismos, Barón cree que una medida de presión que se podría aplicar de forma inmediata sería penalizar a aquellas compañías que no hayan saldado sus deudas con las subcontratas. De este modo, la calificación que reciban cuando se presenten a licitaciones se vería rebajada en el caso de que aún tengan pagos pendientes con otras empresas más pequeñas.