Los jueces creen que las tasas dañan a "muchos ciudadanos"
La implantación de nuevas tasas judiciales por recurrir en segunda instancia provocará que un número significativo de usuarios de la justicia desistan de hacerlo por incapacidad económica, según pronostica el CGPJ. La portavoz, Gabriela Bravo, cree que esta medida es incompatible con el Estado de Derecho.
El nuevo marco de tasas judiciales que pretende implantar el Ministerio de Justicia para desatascar los tribunales no agrada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de jueces y fiscales prepara un informe en contra, conocido parcialmente el lunes pasado, pero ayer la portavoz dejó claro que si la segunda instancia requiere un desembolso adicional "muchos ciudadanos" desistirán de recurrir dada la situación económica.
Las tarifas "pueden suponer un obstáculo que cercena el derecho a la tutela judicial efectiva" y son "poco compatibles" con la concepción del Estado de Derecho, señaló Gabriela Bravo en un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). Los ciudadanos ya "están contribuyendo con sus impuestos al sostenimiento de los servicios básicos".
Justicia pretende recaudar con la revisión de las tasas actuales, la implantación de las nuevas en segunda instancia y su extensión a las personas físicas 306 millones de euros anuales, frente a los 172 de 2010. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justifica la medida por su efecto disuasorio, por la necesidad de desatascar los tribunales y para destinar los ingresos a sufragar el 100% del coste de la justicia gratuita. Los ciudadanos con menores niveles de renta estarían exentos del pago de las tasas.
El informe parcialmente conocido del CGPJ sostiene que los nuevos importes son "excesivos", "exorbitantes" y disuaden de pleitear. Ya existen determinadas tasas en la justicia, aplicables a personas jurídicas y que no se revisan desde su implantación en 2002. El Gobierno elabora el anteproyecto de ley que supondrá un incremento de entre 50 y 750 euros el coste de los recursos. Así, por ejemplo, en los recursos de apelación habrá que abonar 500 euros más (de 300 a 800), mientras que los de casación o infracción procesal aumentan el 100%, al pasar de 600 euros a 1.200.
Por un modelo con juzgados especializados
La agrupación de juzgados que ha propuesto el CGPJ al ministerio de cara a la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación permitirá una mayor especialización de los jueces y más rapidez en la resolución de los asuntos, defendió ayer Gabriela Bravo.El órgano de los jueces plantea agrupar los 431 partidos judiciales actuales en 190 o 200, sin reducir juzgados ni plantilla, recalcó la portavoz. La dispersión actual tiene que desaparecer porque no responde a los criterios de economía y aprovechamiento racional de recursos. Cada partido ha de agrupar al menos a ocho juzgados, lo que permitiría a cada juez dedicarse a un orden jurisdiccional específico, y cubrir una población mínima de 100.000 personas. Bravo apostó también por implantar tribunales de instancia.