Las nuevas tasas cubrirán el 100% del coste de la justicia gratuita
El Ministerio de Justicia garantizó ayer a las comunidades que los ingresos por las nuevas tasas judiciales cubrirán el 100% del coste del servicio de justicia gratuita, por lo que podrán redirigir los fondos que antes destinaban a esta partida a la modernización del sistema. También exigirá a los Gobiernos regionales que cualquier inversión en tecnología sea compatible con el resto.
Primera reunión formal del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con los consejeros autonómicos para trasladarles de primera mano las iniciativas que tiene en marcha su departamento. Las comunidades -doce tienen las competencias cedidas y cinco no- tendrán cubierto el 100% del coste del servicio de justicia gratuita con el nuevo sistema de tasas, con el que el Gobierno pretende recaudar más de 300 millones de euros anuales. Así, dispondrán de más recursos para destinarlos a otros fines como la modernización de sus estructuras judiciales, según avanzó ayer Gallardón.
Desde que algunas comunidades asumieron la gestión de la justicia, el gasto en el turno de oficio se ha multiplicado por cinco, lo que ha generado tensiones presupuestarias y retrasos considerables en los pagos a abogados y procuradores. En el último ejercicio con datos cerrados, 2010, el gasto en justicia gratuita ascendió a 256,66 millones en las 17 autonomías. Hasta ahora los fondos recaudados por tasas judiciales no estaban afectados a una partida concreta, lo que sí sucederá a partir de este momento.
"Bolsas de fraude"
En paralelo, el Ministerio de Justicia, sin modificar el umbral máximo de renta que da derecho al servicio, sí que intensificará los controles tras haber detectado "bolsas de fraude". Se están beneficiando personas que no les corresponde, una situación que el Gobierno quiere corregir. Según el subsecretario, Juan Bravo, no se va a cambiar el modelo, pero sí se evitará que personas que no cumplen los requisitos se beneficien.
La revisión de tasas extiende estas a los particulares y a los recursos en segunda instancia en todos los órdenes jurisdiccionales, excepto el penal, y suponen un incremento sobre los importes actuales de hasta 1.200 euros. En 2010 se ingresaron por tasas judiciales 172 millones, cantidad que el Gobierno estima que puede elevarse a más de 300 millones con los cambios introducidos. A pesar de que esto supondrá nuevos fondos para las comunidades, no a todas les parece bien. Navarra mostró ayer su rechazo a las nuevas tasas porque vulneran la tutela judicial efectiva y perjudican a las clases medias. La Comunidad Foral considera que hay alternativas como la limitación de los recursos o la mediación para desatascar los tribunales de justicia.
Otro de los asuntos abordados en la conferencia sectorial fue el de la interoperabilidad de las ocho plataformas tecnológicas que conviven en el territorio nacional. Para el nuevo equipo de Justicia, este es un asunto prioritario que estará solucionado "en un tiempo razonable". En primer lugar, se someterá a todas las aplicaciones tecnológicas a "un test de compatibilidad" y se obligará a las comunidades a que encajen sus aplicaciones con las del resto. Cualquier variación que se produzca en el futuro en los sistemas informáticos tendrá que recibir el visto bueno de la Comisión de Modernización e Informática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar que es compatible con el resto de autonomías.
Los pasos hacia la convergencia tecnológica de los sistemas procesales fueron bien valorados por algunos consejeros, que creen que es el momento de que cada comunidad "deje de hacer la guerra por su cuenta".
En la conferencia sectorial, la consejera catalana, Pilar Fernández Bozal, planteó al Ministerio de Justicia que reparta entre las comunidades los ingresos financieros que reportan las consignaciones judiciales. Alberto Ruiz-Gallardón le esgrimió una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el destino de dichos fondos es la hacienda estatal.
La cifra
300 millones de euros son los ingresos previstos por el Ministerio de Justicia con la revisión de las tasas.
256,6 millones de euros fue el coste de la justicia gratuita en 2010, el último dato con cifras definitivas.
192 partidos judiciales es el número adecuado que recomienda el CGPJ. Actualmente hay 431.
La reforma del mapa judicial contará con las comunidades
El reciente informe del CGPJ que recomienda al Gobierno reducir el número de partidos judiciales en España de 431 a 192 ha causado inquietud en algunas comunidades. Básicamente, piden al Ministerio de Justicia que antes de modificar el mapa de las unidades judiciales tenga en cuenta la opinión de los Gobiernos autonómicos. Ruiz-Gallardón aseguró ayer que el propósito del Ministerio de Justicia es adaptar la distribución de los partidos a la realidad económica actual y que antes de tomar una decisión se escuchará la opinión de todas las autonomías de forma individual. Una vez hecho esto, el Ministerio de Justicia elaborará el anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación para ser remitido al Congreso de los Diputados.
El nuevo papel del fiscal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Los responsables del departamento que dirige Ruiz-Gallardón abordaron con los consejeros autonómicos varias de las principales iniciativas legislativas que tiene en marcha el Ministerio de Justicia. Fue el caso de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgará al fiscal la instrucción en los procesos penales. Los responsables autonómicos se interesaron por conocer los detalles de las nuevas atribuciones del fiscal y del juez de garantías, que velará por que la instrucción se ajuste a derecho.En la conferencia se abordó también la futura implantación de los tribunales de instancia. Se trata de establecer juzgados con más de un juez titular para incrementar la productividad de la unidad sin tener que crear un nuevo juzgado.