La banca reactiva prejubilaciones más baratas con cargo al Estado
CaixaBank y Cívica buscan que el ajuste de plantilla de su fusión se salde por la vía de las prejubilaciones, pero proponen aplicar ERE de suspensión temporal para sortear la llamada enmienda Telefónica y ahorrar costes. El Estado paga dos años de paro en el ERE a los 50 años y la factura de prejubilar luego a los 52 se reduce para la entidad.
Hecha la ley, hecha la trampa. Hace ahora un año, el Gobierno socialista aprobó una nueva normativa laboral -la llamada enmienda Telefónica- que obliga a las empresas con beneficios a costear buena parte de los procesos de prejubilación que apliquen. Aunque el proceso prometía encarecer y complicar los ajustes de plantilla pendientes en el sector bancario, las entidades tratan ahora de rebajar la factura con una vía paralela.
La nueva vuelta de tuerca a los procesos de prejubilación la ha impulsado Banca Cívica. La fusión de cajas que lideraron Cajasol y Navarra ya supuso la salida de 1.100 empleados, con prejubilaciones tradicionales. Tras plantear la necesidad de reducir personal en 1.400 empleados más y, posteriormente, proponer un ahorro similar de costes mediante recortes salariales, el proceso quedó congelado con vistas a la inminente absorción por parte de CaixaBank. Hace solo unos días, la entidad retomó el plan de adelgazamiento con llamativas novedades. La propuesta, según fuentes sindicales, busca la salida de 1.480 trabajadores (de un total de 7.800), de los que unos 900 se irían con prejubilaciones. Eso sí, los menores de 52 años, he ahí la innovación, asumirían antes un ERE de suspensión de empleo de dos años.
Durante este periodo, el Estado paga la prestación por desempleo al trabajador, que la empresa complementaría con un 20% de su salario. Una vez agotado el paro, la entidad readmite al trabajador, que es prejubilado con 52 años. De ser prejubilados directamente, la empresa tendría -por la nueva ley- que cubrir de su bolsillo los dos años de desempleo en un porcentaje que oscila entre el 60% y el 100% de la prestación en función de su tamaño y beneficios. Al mediar un ERE de suspensión, el prejubilado ya ha consumido su protección y solo tiene derecho a la ayuda para mayores de 52 años, que la empresa debe cumplir en un porcentaje similar, pero cuya cuantía es mucho menor. Esto permite prejubilar de facto a empleados más jóvenes. Un factor importante teniendo en cuenta que la entidad había prescindido de plantilla de más edad en el ajuste anterior.
Por lo demás, en el momento de la prejubilación, Cívica paga un porcentaje que va entre el 60% y el 80% del salario al trabajador hasta que cumple los 63 años, cuando accedería a su pensión pública, con un coeficiente reductor de entre el 13% y el 30% como penalización por jubilarse anticipadamente. Los 500 empleados restantes se irían con bajas incentivadas (35 días por año).
Fuentes de UGT aseguran que, si bien el sindicato lo ha rechazado, el modelo del ERE de suspensión ha sido puesto también sobre la mesa de negociación de CaixaBank. Aunque no hay cifras definitivas, se ha barajado la salida de otros 3.500 empleados (de un total de 28.500) del banco catalán.
Ambos procesos, sin embargo, siguen su curso negociador estas semanas. Fuentes de Cívica y CaixaBank añaden que la fórmula para ajustar plantilla no está cerrada. El objetivo es que entidades y trabajadores alcancen un acuerdo a final de mes.
54.000 euros públicos por cada salida
La indemnización por despido en el sector financiero y de seguros es una de las más caras, de media, de todo el país. Frente a los 10.090 euros que recibe un empleado medio, el de banca sale de la entidad con 66.946 euros. La cifra llegó a ser dos veces mayor, de 128.211 euros, durante la primavera del pasado año, en pleno proceso de reestructuración de las cajas de ahorros.En el caso de las prejubilaciones, la factura es aún mayor. Los cálculos del bufete laboralista Sagardoy hablan de una factura de 300.000 euros, a los que el Estado solía sumar otros 54.688, pues durante los dos primeros años el afectado cobraba el paro. El escándalo desatado por las miles de prejubilaciones aprobadas el pasado año por Telefónica llevó al Ejecutivo a aprobar una ley obligando a las empresas con beneficios a devolver parte de la factura de la protección por desempleo al Estado. Con la nueva vía propuesta por Cívica, el Estado sigue pagando los dos años de prestación, durante el ERE de suspensión de empleo, que la entidad no tiene por qué devolver.