Guindos acepta que cada entidad tenga su 'banco malo'

El ministro presentó ayer el plan a la Comisión Europea y no descartó que pueda completarse con dinero público.

Al final, no habrá una solución colectiva obligatoria para dar salida al lastre inmobiliario del sector financiero español. En su lugar, se ofrecerá la posibilidad de que cada entidad cree su banco malo de forma voluntaria. Así lo dejó entrever ayer en Bruselas el ministro español de Economía, Luis de Guindos, tras reunirse con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

La propuesta de Economía satisface las peticiones de Santander, BBVA, Popular y Sabadell, que se sienten capaces de gestionar solos sus adjudicados y no querían ser empujados a participar en una sociedad de liquidación.

De Guindos aseguró que el Gobierno se limitará a "establecer las normas generales" para ese proceso de segregación de los activos tóxicos. Y al ser preguntado sobre la posibilidad de que el plan suponga una ayuda de Estado, se limitó señalar que "en principio, si la valoración es la correcta, serán operaciones de venta a precios de mercado".

El Gobierno, por tanto, no descarta que el erario público deba absorber las pérdidas si la salida al mercado de los activos (suelo, viviendas terminadas y en construcción) debe hacerse a un precio por debajo de la valoración exigida en enero al sector.

El departamento de Almunia no hizo ayer ningún comentario sobre esa posible ayuda de Estado. El organismo comunitario tan solo señaló que "la reunión fue breve, de una media hora, y a petición del ministro español". El mismo departamento confirmó que el principal tema tratado durante la cita fue la situación del sector financiero español.

El encuentro entre Almunia y De Guindos lo propició la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), celebrada ayer en Bruselas. Pero el ministro español parecía más centrado en la cita con el comisario que en un Consejo del que tuvo que marcharse antes de su conclusión.

Las preguntas en la rueda de prensa del ministro también estuvieron centradas en el plan de desintoxicación de la banca española. "Se hará con absoluta transparencia", prometió De Guindos, "y con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que serán atractivas desde el punto de vista de potenciales compradores terceros".

Búsqueda de asesores

Reuters informaba ayer de que el Banco de España habría sondeado a Goldman Sachs, Credit Suisse y UBS para encontrar una solución definitiva al problema de los activos adjudicados.

El ministro aseguró que el Gobierno fijará "en los próximos días" las condiciones para "favorecer" la segregación de los activos. Y a través de sus normas y de las circulares que dicte el Banco de España, se velará para que el proceso respete la libre competencia. A partir de ahí, añadió el ministro, la creación de una sociedad intermedia o banco malo "dependerá de planteamiento las entidades". Y reiteró, como el lunes en Santiago de Compostela que, probablemente, algunas cajas de ahorro se fusionarán para realizar de manera conjunta el proceso.

La cifra

170.000 millones de euros es el valor total de los créditos dudosos que podrían acabar en los bancos malos españoles.

Madrid y Londres piden más capital

Reino Unido, España y Suecia reclamaron ayer en Bruselas la potestad de poder imponer a sus bancos criterios de solvencia más exigentes que los previstos en el acuerdo internacional conocido como Basilea III. La Comisión Europea, con el apoyo de Francia, entre otros países, se resiste a esa flexibilidad, por temor a que se produzca una fragmentación del mercado único financiero que perjudique, especialmente, a los Estados con una gran parte del sector financiero en manos de entidades extranjeras.Dinamarca, que preside durante este semestre el Consejo de Ministros de la UE, convocó ayer una reunión extraordinaria de los titulares de Economía para intentar resolver el conflicto. El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, se mostró dispuesto durante la reunión a tolerar que las capitales puedan imponer un colchón de capital adicional de hasta el 3%, pero solo para las actividades bajo su jurisdicción y a cambio de endurecer otras partes de la directiva. Al cierre de esta edición, el Consejo todavía no había alcanzado un acuerdo.