Proceso de negociación para llevar a cabo un despido colectivo

El Ayuntamiento de León, el primero en aplicar la reforma laboral para despedir a empleados

El Ayuntamiento de León ha abierto un proceso de negociación para llevar a cabo un despido colectivo. Se trata del primer consistorio de tamaño medio en acogerse a la reforma laboral para reducir su plantilla.

La medida afectará a más de 200 personas, lo que supone aproximadamente un 10% de los trabajadores públicos del ayuntamiento leonés.

Nuria Lesmes, concejala de personal del Ayuntamiento de León, explicó ayer a CincoDías que se ha abierto un periodo de negociación y que se revisará "caso por caso". La dirigente del Partido Popular subrayó que el estado de las cuentas del ayuntamiento justifican la medida.

Lesmes precisó que la reducción afectará a 180 empleados públicos y a "90 excedencias". En estos últimos casos la concejala indicó que se cumplirá a rajatabla con la ley y que los puestos en excedencia que no puedan amortizarse se mantendrán.

Según una disposición transitoria del decreto ley que entró en vigor el pasado mes de febrero, cuando los "entes, organismos y entidades que forman parte del sector público" aduzcan nueve meses de "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente", podrán poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, no estaba claro que un ayuntamiento pudiera llevar a cabo un ERE. Había jueces que consideraban que no había razón legal para oponerse y otros que sí.

Según el Ministerio de Administraciones Públicas hay 700.000 empleados públicos en España considerados como personal laboral contratado y 150.000 personas que trabajan en empresas públicas con el mismo régimen.

La deuda del Ayuntamiento de León con proveedores asciende a 280 millones de euros y es la más abultada de un municipio de Castilla y León, ya que supone el impago de más de 25.000 facturas a 240 empresas. Dirigentes populares y socialistas del consistorio leonés se han acusado mutuamente de falsear los datos de la deuda del ayuntamiento.