Oposición unánime contra la reforma del sistema sanitario
Empresas y regiones presionarán al Ejecutivo para que introduzca cambios en la tramitación parlamentaria.
El decreto en el que se sustancia la reforma del sistema sanitario, hecho público el miércoles en el BOE, no ha dejado contento a casi nadie. Así quedó de manifiesto en la presentación del informe Diez temas candentes de la sanidad española, elaborado por un grupo de 20 expertos por encargo de PwC, en el que participaron algunos de ellos, como los presidentes de las dos grandes patronales (Fenin y Farmaindustria), el consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, y el viceconsejero de Sanidad del País Vasco, Jesús María Fernández. Todos coincidieron en un punto: la reforma aprobada por el Ejecutivo no va a servir para asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública y por ello presionarán en el trámite parlamentario para introducir cambios.
El más beligerante fue el presidente de la patronal de laboratorios farmacéuticos (Farmaindustria), Jordi Ramentol, quien calculó que los ingresos del sector van a caer este año un 20%, como consecuencia de las iniciativas aprobadas, que contemplan nuevas bajadas de precios y medidas desincentivadoras que propiciarán un menor consumo. "Nos han atizado cuatro reales decretos en dos años. Unas compañías como las farmacéuticas que tienen que hacer inversiones a 10 o 12 años no pueden estar cambiando su estrategia cada seis meses", apuntó Ramentol, quien vaticinó que si no hay modificaciones, se pueden producir deslocalizaciones de laboratorios extranjeros en España. El presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Daniel Carreño, insistió en la petición de una mayor estabilidad regulatoria y exigió que los ajustes se centren en las partidas que más gasto absorben, como el tratamiento a los crónicos.
Las críticas a la norma también llegaron por parte de las autonomías. Las más explícitas fueron las del viceconsejero vasco de Sanidad, Jesús María Fernández, quien dijo que el decreto dificultaba la consecución de un acuerdo con el Estado. "Es un ejercicio de centralización justificado en que las autonomías somos manirrotas. La solución no es el copago, sino la transformación del sistema sanitario", dijo Fernández, quien propuso como alternativa al copago elevar los impuestos que gravan el consumo de alcohol o tabaco. Por su parte, el consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, valoró de forma positiva que el pago de fármacos se rija por criterios de renta, aunque criticó "las dificultades técnicas" para introducir ese sistema y el escaso tiempo para su implantación en hospitales y ambulatorios.