El Senado argentino aprueba el proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF a Repsol
El Senado de Argentina ha aprobado este jueves, tras 15 horas de debate, el proyecto de ley presentado por el Gobierno para expropiar el 51% de YPF a Repsol con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Igual da que casi todos estuviesen de acuerdo. Hicieron falta casi 15 horas de debate para que la iniciativa, impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, fuese aprobada por 63 votos a favor, 3 en contra y cuatro abstenciones. El proyecto declara de "utilidad pública y sujeto a expropiación" un 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, titular de una participación total del 57,43% en la petrolera argentina, cuyos otros socios son el grupo argentino Petersen (25,46%) y el Estado argentino (0,02%) mientras que el restante 17,09% cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El oficialismo arrastró a la mayoría del Senado con el argumento de que la expropiación de YPF a Repsol devuelve a Argentina la soberanía sobre sus hidrocarburos, aunque la oposición matizó su postura, cargó contra la política energética del Gobierno y advirtió sobre la necesidad de garantizar un buen manejo de la petrolera.
Las críticas salpicaron a Cristina Fernández, y a su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, a quien varios senadores recordaron como uno de los defensores de la privatización impulsada por el expresidente Carlos Menem, aunque uno de los más cuestionados de la jornada fue el ministro de Planificación, Julio de Vido, que encabeza al equipo de interventores de YPF, y al que la oposición responsabiliza del problema energético del país.
El presidente del bloque radical, el principal partido de oposición, Luis Naidenoff, apoyó la propuesta oficialista pero fue tajante sobre los motivos que precipitaron la decisión del Gobierno de hacerse con el control de YPF: "se avanzó con el proyecto porque la caja no cierra".
"Fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate", agregó el senador radical refiriéndose a los 14.000 millones de dólares que Argentina gastará este año en la importación de gas y petróleo.
Mario Cimadevilla, también radical, pidió una revisión de las concesiones petroleras y recordó que en su provincia, Chubut, la mayor productora de petróleo del país, y pese al conflicto que enfrenta a Buenos Aires con Londres por la soberanía de Malvinas, la británica British Petroleum (BP) explota el yacimiento más importante de Argentina como socia de Panamerican Energy (PAE).
Según el senador, BP consiguió prórrogas y concesiones del Gobierno argentino en 2005 por 40 años "violentando la ley de hidrocarburos".
Entre las voces más críticas se alzó la de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, hija de José Estenssoro, expresidente de YPF, que decidió abstenerse tras alertar contra un modelo de "hiperconcentración de la riqueza y el poder" y recordar que Kirchner apoyó "enérgicamente" la privatización de la petrolera en 1992.
"No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción", advirtió Estenssoro, para quien "culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia, es una simplificación y una trampa".
En contra del proyecto votó Liliana de Alonso, de la Alianza Compromiso Federal, convencida de que "el fin no justifica los medios" y "la seguridad jurídica es un valor que debe ser preservado".
Desde el oficialismo, los senadores cargaron con dureza contra la gestión de Repsol, e insistieron, como explicó Daniel Filmus, en que la aprobación de la iniciativa marca "un cambio de patrón de desarrollo, de soberanía y de modelo de Estado".
La expropiación de YPF es un acto "derivado de una consecuente e imperiosa necesidad de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron el neoliberalismo", dijo el oficialista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Tras la aprobación del Senado, el proyecto de ley cumplirá el último trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, previsiblemente el próximo 3 de mayo.