El déficit del Estado alcanza el 1,85% del PIB hasta marzo, 8.322 millones más
El déficit público de la Administración central aumentó en 8.322 millones hasta marzo. Alcanzó el 1,85% del PIB frente al 1,06% registrado el año anterior. Hacienda restó importancia a este hecho y señaló que en términos homogéneos los números rojos han descendido. Apuntó que buena parte de las medidas fiscales aprobadas aún no se reflejan en las cuentas y defendió que cumplirán el objetivo de estabilidad.
El déficit evoluciona razonablemente conforme a nuestras previsiones". Así empezó ayer su intervención la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, al presentar los datos de ejecución presupuestaria en el Ministerio de Hacienda, a pocos metros del Congreso, donde se debatían a la misma hora las cuentas generales del Estado para este año. Sin embargo, los números rojos alcanzaron en el primer trimestre los 19.696 millones, un 1,85% del PIB.
Si bien esta cifra es superior a la registrada el año anterior, Currás argumentó que resulta engañosa. Ello es así porque el Estado central ha adelantado transferencias a comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social y ha acelerado el ritmo de devoluciones de impuestos para "dotar de liquidez a empresas y familias". Estas medidas, según Hacienda, elevan el déficit en la primera parte del año, pero no el cómputo global. Así, en los términos homogéneos facilitados por Currás, los números rojos ascendieron al 0,83% del PIB hasta marzo frente al 0,93% del mismo periodo del año anterior.
Más allá del debate técnico, los datos de ejecución muestran una evolución negativa de los ingresos tributarios, algo que Hacienda considera lógico en la medida en que todavía no se nota el efecto de las subidas fiscales aprobadas. El IRPF, el impuesto más importante por recaudación, aportó 19.644 millones, un 0,1% menos. Hay que advertir que las pymes todavía no han ingresado las retenciones. De hecho, el Gobierno mantiene que la subida fiscal del IRPF aportará casi 6.000 millones adicionales.
La evolución más preocupante es la del IVA, cuyos ingresos caen un 9,1% hasta los 14.318 millones, lo que revela la atonía del consumo. Acerca del impuesto sobre sociedades, todavía no hay datos significativos. En cualquier caso, el Gobierno confía en incrementar los ingresos derivados del impuesto que grava las ganancias empresariales tras suprimir o limitar beneficios fiscales para las grandes empresas. Pese a todo, el conjunto de ingresos no financieros suben un ligero 0,5% gracias a las comisiones que "ha recibido el Estado por avales concedidos a entidades de crédito".
Más gasto por las transferencias
Por el lado del gasto, se alcanzó la cifra de 41.399 millones, un 13,1% más debido al aumento de las transferencias a otras Administraciones. De hecho, la única partida que se incrementó fue esa y la de los gastos financieros. La Administración central destinó 6.583 millones a pagar los intereses de la deuda en el primer trimestre. Este importe se incrementará notablemente a lo largo del ejercicio en la medida en que el Estado debe recurrir a la emisión de deuda para financiar su déficit. El Gobierno confía en que la Administración central cerrará el año con un déficit del 3,5% y Hacienda asegura que el hecho de haber alcanzado ya el 1,85% no pone en riesgo el cumplimiento de este objetivo.
Por otro lado, las cuentas del sistema de la Seguridad Social registraron en el primer trimestre un saldo positivo de 6.586 millones, equivalentes al 0,62 % del PIB, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo. El superávit del primer trimestre es un 8,17% superior al registrado en el mismo periodo de 2011, lo que se debe fundamentalmente al adelanto de las transferencias del Estado.
Atención en bruselas
La Comisión Europea está más pendiente que nunca de la evolución de las cuentas públicas españolas. Precisamente por ello, ayer el Gobierno no pudo aplazar la presentación de los datos de ejecución presupuestaria para evitar que coincidiera con el debate de los Presupuestos en el Congreso.
Los asesores piden quitas en las deudas fiscales
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclamó ayer que la Agencia Tributaria acepte quitas en las deudas fiscales que se encuentran en litigio en los juzgados. En su opinión, ello supondría una importante inyección de liquidez ya que el importe de deudas tributarias paralizadas en los tribunales asciende a 6.000 millones de euros.Para el presidente de Aedaf, Antonio Durán-Sindreu, esta medida complementaría la amnistía fiscal que puso en marcha recientemente el Gobierno y que permitirá aflorar rentas ocultas pagando solo un 10%. Los asesores reconocieron que el plan de regularización puede ser discutible desde un punto de vista moral, aunque alertaron que, una vez aprobado, debe configurarse de la mejor manera posible.En este sentido, apuntaron que existen muchas dudas acerca de la aplicación práctica de la amnistía fiscal. Por ejemplo, los asesores no tienen claro cómo se podrá acreditar "la titularidad de los bienes y derechos que son objeto de regularización", un requisito que el real decreto ley que regula la amnistía fiscal no clarifica. De hecho, temen que tal y como está redactada actualmente la norma, resultará imposible aflorar dinero en efectivo. En cualquier caso, desde Hacienda recuerdan que están trabajando en el formulario de declaración que servirá para articular la amnistía fiscal y que deberá resolver todas esas dudas. Aedaf reclama que la amnistía incluya también el impuesto sobre el patrimonio, IVA y sucesiones, que no figuran en el real decreto-ley. Ello puede provocar que un contribuyente que se acoja para regularizar una renta en el IRPF pueda ser sancionado por no haber tributado por el impuesto sobre el patrimonio.