Economía tiene la última palabra sobre el futuro de Novagalicia

Ordóñez recela de la propuesta de Castellano de subastar una parte del capital para mantener la independencia.

Novagalicia empieza a resignarse. Los recelos mostrados por el Banco de España a sus planes para subastar tan solo una parte de la entidad (nacionalizada en octubre) colocan al grupo en una difícil posición. Será el ministerio de Economía quien tendrá la última palabra y decidirá si el presidente ejecutivo, José María Castellano, puede poner en marcha su programa para conseguir que el grupo se mantenga independiente.

Castellano explicó hace un mes que NCG Banco (la filial financiera de la fusión de las cajas gallegas) tenía dos alternativas de futuro: subastar todo su capital, tal y como ha ocurrido con Unnim o Catalunya Caixa, u optar por un plan alternativo, que pasaría por vender un paquete de hasta el 50% del capital a inversores especializados.

El jarro de agua fría llegó la semana pasada. La entidad dio por descontado que el Banco de España había aprobado los planes presentados por Novagalicia para cumplir con el real decreto de reforma financiera, que impone fuertes saneamientos para reconocer el deterioro de los activos inmobiliarios.

Sin embargo, el supervisor considera que "no es posible pronunciarse sobre la estrategia alternativa al introducir elementos cuyo encaje normativo no es evidente en el momento actual, y estar condicionada a la aprobación previa de las autoridades españolas y comunitarias, y sujeta a los acuerdos que, en su caso adopte el FROB".

Fuentes cercanas a la entidad explican que la decisión final sobre el futuro de Novagalicia está en manos de Luis de Guindos. "El Ministerio de Economía controla el FROB, que a su vez tiene el 90% del capital del grupo. Además, debe aprobar cualquiera de las operaciones", explican estas fuentes. "Finalmente, es una decisión puramente técnica: deberán valorar cuál de las dos alternativas supone un menor coste para el erario público".

La entidad encargó dos informes jurídicos a importantes despachos de abogados que avalan la adopción del plan B y, ahora, se han mostrado dispuestos a remitir al Banco de España toda la información que desee para explicar en detalle como se desarrollaría esta alternativa.

El plan de Castellano supondría la venta, por medio de una subasta, de entre el 20% y el 50% del capital de la entidad. Los inversores interesados, que de acuerdo con diversas fuentes son fondos de inversión anglosajones, tendrían un esquema de protección de activos (EPA), que les cubriría contra el 75% de las pérdidas generadas por la cartera de activos tóxicos de la entidad.

Castellano y el consejero delegado del grupo, César González-Bueno, han defendido en varias ocasiones que esta alternativa sería la forma de que los contribuyentes tuvieran que asumir menos riesgos en el rescate de la entidad.