El empadronamiento no será suficiente para tener tarjeta sanitaria
El Gobierno ha aprobado hoy la reforma sanitaria que incorpora a los pensionistas en el copago farmacéutico, y endurece los requisitos para que los extranjeros puedan acceder a los servicios de salud.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha reiterado en rueda de prensa los grandes ejes de una reforma que se pactó el miércoles pasado con la mayoría de las comunidades autónomas.
Mato ha explicado que el sistema sanitario tiene un problema debido a la actual crisis económica y otro debido al envejecimiento de la población, que exigen una solución para enjugar los 16.000 millones de euros en déficit anual.
Esa solución, que "exige sacrificios, pero equitativos", se centra en la generalización del copago farmacéutico, que reportará, según Moncloa, 3.500 millones de euros anuales.
La reforma incluye también la prohibición del llamado "turismo sanitario". Según Mato, más de 700.000 europeos utilizaron el sistema español de salud en 2009, con un coste de 917 millones de euros. La incorporación del artículo 7 de la directiva europea de libre circulación acabará, según Moncloa, con este desajuste.
En cuanto a extranjeros no comunitarios, una reforma de la Ley de Extranjería acabará con la práctica de que residentes traigan a familiares solo para usar los servicios de salud. Mato ha explicado que "ya no valdrá solo con empadronarse para tener tarjeta sanitaria", de manera que se endurecerán los requisitos para el disfrute de dichos servicios.
Copago farmacéutico
Respecto al copago de medicamentos, solamente habrá dos excepciones: los receptores de pensiones no contributivas y los parados que hayan agotado tanto la prestación por desempleo como la paga de 421 euros.
Las personas activas, que hasta ahora pagan el 40% del medicamento, pasarán a pagar el 50%, salvo quienes ingresen más de 100.000 euros anuales, que pagarán el 60%.
En cuanto a los pensionistas, abonarán el 10% del importe, con un tope mensual que varía según ingresen más o menos de 18.000 euros anuales: ocho euros, en el primer caso, y 18, en el segundo.
El Gobierno ha aprobado también la creación de una central de compras junto con las comunidades, que, según Mato, aportaría de 1.000 a 1.500 millones, y la imposición de dosis adecuadas al tratamiento, que supondrá otros 1.100.
