El 90% de los afectados por embargos dice no estar protegido por el código del Gobierno
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas comenzará a recoger firmas el lunes para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular, apoyada por UGT y CC OO, que generalice la dación en pago. El 90% de los afectados por embargos, estiman desde PAH, no estaría protegido por el código antidesahucios impulsado por el Gobierno.
El código de buenas prácticas ante los desahucios hipotecarios impulsado por el Gobierno y asumido voluntariamente por el grueso de la banca española resulta tan restrictivo que dejaría sin protección al 90% de quienes sufren un embargo, según han estimado hoy desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
"La medida se anunció a bombo y platillo, generando muchas expectativas en la gente con problemas", expone al teléfono Ada Colau, portavoz de PAH, "pero deja a casi todo el mundo fuera". En concreto, el decálogo impulsado por el Ejecutivo obliga a las entidades a aprobar una refinanciación de la deuda hipotecaria en condiciones más ventajosas, que si el afectado tampoco puede abonar, terminaría saldándose íntegramente con la entrega del inmueble.
Para estar protegido por este paraguas, sin embargo, todos los miembros de la familia en edad de trabajar deben encontrarse en situación de desempleo, la cuota hipotecaria debe representar el 60% o más de los ingresos del hogar, el embargo ha de afectar a la única vivienda en propiedad y el valor a precio de mercado del piso no puede exceder de 200.000 euros en ciudades o de 120.000 en pueblos. También queda fuera quien tenga avalistas.
Desde PAH, que cuenta con un registro de más de 7.000 casos, calculan que aproximadamente 9 de cada 10 quedaría fuera. "Solo la exclusión de las hipotecas con avalista, y el precio máximo de la vivienda impiden que la mayoría entre en el colectivo protegido", aduce Colau.
La plataforma, junto a representantes de UGT y CC OO, ha presentado esta mañana en Madrid un proyecto de Iniciativa Legislativa Popular, cuya recogida de firmas comenzará el lunes, con el objetivo de que el Congreso apruebe la dación en pago generalizada y con efectos retroactivos, con posibilidad de que el desahuciado permanezca en la vivienda en régimen de alquiler.