Hacienda rechaza varios planes de ajuste autonómicos por inflar ingresos
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer que Hacienda ha devuelto varios planes de reequilibrio autonómicos por sobreestimar los ingresos. Si bien Beteta no mencionó a ninguna, una de las comunidades afectadas es Cataluña y otra, probablemente, Andalucía. Ambos territorios contabilizaron transferencias del Estado que el Gobierno finalmente no abonará.
El Gobierno ha redoblado el control sobre las cuentas autonómicas, que la experiencia reciente demuestra que suponen el principal riesgo de desvío en el objetivo de déficit. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que el Gobierno ha devuelto a varias comunidades los planes de ajuste que tuvieron que presentar por incumplir la senda de consolidación fiscal a principios de año.
Beteta, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, no quiso dar el nombre de las comunidades afectadas y apuntó que con algunas de ellas solo quedan por resolver "mínimas aclaraciones" mientras que con otras hay serias discrepancias, ya que los planes de ajuste presentados "contienen partidas de ingresos en sus presupuestos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado". Ello sugiere que las afectadas son Cataluña y Andalucía, que contaban con recursos derivados de sus respectivos Estatutos de Autonomía y que finalmente el Gobierno no abonará.
El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, llamó a la "calma" y consideró sorprendente que Beteta "discuta en público" esta "idas y venidas" que, a su entender, pueden entorpecer la relación entre ambas administraciones. "Cuando esté hecho y acabado ya lo conocerán", señaló Mas-Colell respecto al plan de ajuste que debe asegurar que la Generalitat cierre el año con un déficit del 1,5%, un nivel que el Ejecutivo catalán considera difícil de asumir.
Además, Cataluña presupuestó 219 millones por la liquidación correspondiente a 2009 de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, un importe que el Ejecutivo central no reflejó. Con todo, la Generalitat no renuncia a lograr ese dinero durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado.
Beteta insistió en que cumplir el objetivo de déficit resulta irrenunciable y para ello las comunidades deben recortar sus números rojos en 15.000 millones de euros. Sin embargo, casi la mitad de esta reducción depende de Cataluña y Andalucía, dos comunidades que no apoyaron la senda de consolidación fiscal aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El responsable de Administraciones Públicas destacó que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria -cuyo trámite parlamentario todavía no ha finalizado- autoriza al Ejecutivo central a intervenir directamente una comunidad en caso de que observe riesgos en el cumplimiento del objetivo de déficit. En este sentido, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, señaló que espera de España una "rápida implementación de la Ley de Estabilidad". Además, resaltó que la participación de las comunidades es "particularmente importante" para cumplir las exigencias de Bruselas, que obliga al conjunto de la Administración a reducir su déficit del 8,5% al 5,3% del PIB.
Por otra parte, Beteta pidió ayer a los empleados públicos y funcionarios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que trabajen "lo mismo que los de la Administración del Estado". Hacienda aprobó recientemente ampliar en dos horas y media la jornada mínima de los empleados públicos. Ello, según sus cálculos, permitirá ahorrar más de 2.652 millones de euros a autonomías y municipios. El consejero de Administraciones Públicas volvió a disculparse por las declaraciones recientes en las que instaba a los empleados a olvidarse del "cafelito" y de leer el periódico en horarios de trabajo.
Canarias planea bajar el salario al funcionariado
El Gobierno canario planteará a todos sus empleados renunciar a parte de su paga extra de diciembre y, en el caso de los no fijos, reducir además su jornada y sueldo para ajustar sus cuentas sin hacer despidos, anunció ayer su consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola.Solo el recorte de paga extra que se baraja, que se aplicaría eliminando dos de los complementos que se abonan en ella y no su cuantía total, permitiría ahorrar 65 millones de euros al Ejecutivo, que todavía no tiene datos sobre cuánto ahorraría con la reducción de jornada y salario que propone para el personal laboral no fijo, según explicó Hernández Spínola.El consejero dio a conocer sus propuestas tras plantearlas a representantes sindicales de los 60.000 empleados que dependen directamente de la comunidad autónoma.