Las farmacéuticas prevén pérdidas de 500 millones por la caída del consumo

La industria farmacéutica no quiso pronunciarse ayer a a la espera de conocer con más detalle (mañana se presenta en el Consejo de Ministros) el detalle de los ajustes anunciados por la ministra de Sanidad, Ana Mato. La medida más novedosa es la implantación de un copago para los pensionistas, que pagarán el 10% del precio de los medicamentos, y la población activa, que pasará a abonar entre un 50% o un 60% frente al 40% actual. Fuentes de la patronal apuntan que estos incrementos pueden tener un efecto disuasorio en el consumo de medicamentos y que el coste para sus cuentas podría ascender a 500 millones.

Esas mismas fuentes recalcan que el impacto dependerá mucho de cómo se plasme esta medida, aunque subrayaron que es una medida razonable en el actual contexto económico. Ese calculo se ha realizado teniendo en cuentas los ingresos previstos en Cataluña, que se va a convertir en la primera comunidad autónomas que a partir del 1 de junio cobrará un euro por receta prescrita, con el que prevé ingresar 100 millones al año.

La patronal de los laboratorios tampoco quiso pronunciarse sobre la bajada del precio de los medicamentos sugerida por la titular de Sanidad. El presidente de la farmacéutica Grifols, Víctor Grifols, sí lo hizo el pasado martes en un desayuno de la escuela de negocios Esade, en el que alertó de que si el Gobierno continuaba con su abuso a la industria farmacéutica española, "ésta no sobrevivirá". Con esta frase, el directivo se refería en tono muy crítico a los sucesivos reales decretos de recorte de precios de los fármacos aprobados por el Ejecutivo socialista, que han reducido la facturación de los laboratorios españoles, según sus cálculos en algo más de 4.000 millones.

Farmaindustria prevé que los ingresos caerán este año en 1.200 millones. En su opinión, la situación es tan dramática que algunos de los laboratorios más importantes ya han amagado con trasladar sus inversiones fuera de España ante la falta de incentivos.

El consumidor quiere medidas alternativas

El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, aseguró que esta medida "penaliza a los que están más enfermos y a los que tienen menos recursos", los jubilados, quienes "quedarán condenados a elegir entre comprar alimentos y medicamentos"."Avanzamos a un sistema en el que las personas que tienen más recursos se van a poder permitir un seguro privado mientras que el resto se quedará con un sistema sin recursos y muy deteriorado", según el responsable de la FADSP.La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, censuró el recorte "brusco y bestial" de 7.000 millones en sanidad, ya que "pone en peligro el Estado de bienestar y las prestaciones sanitarias". Pidió a las regiones que se rebelen.