La deuda de las autonomías con sus proveedores suma 17.255 millones
Las facturas pendientes de pago de las comunidades autónomas que se han acogido al plan de pago a proveedores suman un total de 17.255 millones de euros, según las cifras provisionales facilitadas ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sumada a la deuda de los ayuntamientos, el total de obligaciones impagadas asciende a 27.000 millones.
Después de intervenir en la junta directiva de CEOE, Montoro señaló que la liquidación de casi cuatro millones de facturas pendientes de pago comenzará en mayo y junio y su abono se prolongará hasta finales de año en el marco de una operación financiera "compatible" con los planes de estabilidad económica de las Administraciones que tienen por objeto que este endeudamiento no se vuelva a repetir. "Es una inyección económica muy importante que llegará a las autónomos y a las pymes y a las grandes empresas de nuestro país", añadió el ministro.
Las comunidades autónomas tuvieron de plazo hasta el pasado día 15 para remitir al Ministerio de Hacienda la relación de facturas impagadas y acogerse al plan previsto para saldar la deuda con proveedores, cuya dotación inicial ascendía a 35.000 millones.
El plazo para los ayuntamientos también concluyó y, según la información recibida por el departamento que dirige Montoro, se han acogido a este plan aproximadamente uno de cada dos ayuntamientos, un total de 4.622, que han presentado casi dos millones de facturas por un importe global de 9.584 millones.
Plan de viabilidad
En este plan de liquidez extraordinario participan todas las entidades financieras, incluido el ICO. El mecanismo se ideó para que las comunidades y ayuntamientos puedan pagar sus facturas pendientes de pago durante meses. Las Administraciones que se acojan a este instrumento permitirán que sus suministradores, reconocidos por la intervención, puedan cobrar directamente su deuda ante las entidades financieras. A cambio, las comunidades y ayuntamientos asumirán esa deuda como nueva deuda financiera que tendrán que devolver en un plazo máximo de diez años con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5%.
El Gobierno central defiende que esta operación tendrá un efecto directo sobre el empleo, ya que contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a cambiar la legislación para que los proveedores que contraten con la Administración sean los primeros que no paguen el IVA hasta que no hayan cobrado la factura.
Todas las regiones que han presentado su relación de obligaciones impagadas tienen de plazo hasta el próximo día 30 para remitir a Hacienda un plan económico-financiero que demuestre que son capaces de devolver en las condiciones acordadas los créditos concedidos. Sus proveedores deben acudir a partir de ahora a las comunidades que les adeudan pagos para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas y estas Administraciones están obligadas a atenderles.
En cuanto a los criterios que primarán para establecer el orden de pago, Hacienda admite que uno de ellos será la quita en el principal de la deuda, así como la antigüedad de la misma y si el pendiente de pago se ha reclamado ya por vía judicial. Las empresas rechazan que además de renunciar a los intereses de demora, deban aplicar quitas a la deuda para cobrar antes.
Montoro también recordó ayer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá en la primera quincena de mayo examinará los presupuestos de todas las regiones para comprobar que "ninguna comunidad se desvíe de los objetivos de déficit público marcados".
En caso contrario, recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla medidas de prevención, de sanción y de intervención en las comunidades autónomas. El ministro volvió a insistir que el Ejecutivo aplicará con diligencia esta norma para aquella comunidad que requiera una actuación urgente debido a su debilidad financiera.
Creación de empleo
Hacienda no deja escapar la oportunidad para resaltar que la liquidez que propiciará el plan de pago a proveedores será crucial para el empleo. Los más de 27.000 millones que recibirán las empresas permitirán crear o mantener hasta 100.000 puestos de trabajo.
Valencia lidera el ranking de morosas
El consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Manuel Vela, confirmó ayer que la región tiene facturas pendientes de pago por importe de 4.069 millones de euros, en obligaciones emitidas por unas 10.050 empresas y autónomos de la región. Esa cifra la convierte en la comunidad más morosa, seguida de Andalucía y Castilla La Mancha con 2.700 y 2.500 millones pendientes de pago respectivamente. Por detrás de estas cantidades se sitúa el importe que adeuda a sus suministradores la Generalitat de Cataluña, que asciende a 1.984 millones y la cuantía admitida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, de 1.279 millones.En el caso madrileño, la mayoría de las facturas corresponde a Sanidad, con un importe de 1.080 millones, lo que supone un 84,4% de la cantidad presentada ante Hacienda.