PP y CiU pactan suavizar el calendario de amortización de deuda autonómica
Las comunidades tendrán 20 años en lugar de 8 para reducir su deuda al 13% del PIB, después de que el PP aceptara ayer una enmienda de CiU a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las autonomías podrán destinar parte del superávit presupuestario a medidas de estímulo y no solo a amortizar deuda.
El Gobierno se encontró ayer en el Congreso con nuevos compañeros de viaje para la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con los que inicialmente no se contaba. CiU se había mostrado radicalmente en contra del texto, pero finalmente votó a favor después que el PP aceptara una enmienda que suaviza las exigencias de disciplina fiscal a las autonomías. El texto pasa ahora al Senado y, si no hay cambios, entrará en vigor.
Desde la entrada en vigor de la ley, en 2013, las comunidades tendrán 20 años para reducir su deuda al 13% del PIB y no ocho, como hasta ahora. Si en 2020, una autonomía ha cumplido sus objetivos de déficit, pero no los de deuda respecto al PIB, tendrá otros doce años adicionales para lograrlo. Es un traje a la medida de Cataluña, una autonomía muy endeudada (20,7% del PIB) y para la que sería "muy difícil" reducirla al 13% en 2020.
La media de la deuda de las comunidades está en el 13,1% del PIB. Además de Cataluña, la ampliación del plazo de amortización beneficia a la Comunidad Valenciana (19,9%), Castilla-La Mancha (18%) y Baleares (16,3%). Según explicó el diputado de CiU Josep Sánchez-Llibre, solo las autonomías que hayan cumplido en 2020 con los objetivos de déficit podrán acogerse a la ampliación.
El PP acusa al PSOE de no sumarse a la ley por su alianza con IU en Andalucía
La inclusión de esta enmienda de CiU se produce después de las negociaciones mantenidas del miércoles entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Los nacionalistas no contemplaban la abstención y estaban más cerca de votar en contra inicialmente. UPyD votó a favor como "gesto" al Gobierno por la delicada situación económica, mientras que el PNV se abstuvo tras incluirse una enmienda que salvaguarda la singularidad foral. En total, obtuvo 192 votos a favor, 116 en contra y 4 abstenciones.
Otro de los cambios importantes introducidos en la tramitación parlamentaria es, en virtud de la misma enmienda de CiU, que las autonomías tendrán más mayor margen para destinar parte del superávit presupuestario que tengan a medidas de estímulo económico. La redacción inicial del anteproyecto era muy exigente con que las autonomías destinaran este excedente a amortizar deuda.
El PSOE votó ayer en contra de la Ley de Estabilidad, a pesar de que fue el Gobierno de Zapatero el que lideró el verano pasado la iniciativa para reformar la Constitución. El malestar en las filas socialistas era ayer notable. En agosto los dos principales partidos pactaron que a partir de 2020 el déficit estructural del Estado sería del 0,4%, pero en la redacción de la ley el PP ha recogido que sea el 0% con carácter general y el 0,4% si hay circunstancias excepcionales o se están acometiendo reformas estructurales. Sáenz de Santamaría intentó al límite de la votación convencer a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, para lograr al menos la abstención, pero no fue posible. Se hizo incluso un receso en el debate antes de la votación para abrir una última negociación.
Por otro lado, el Congreso aprobó ayer la convalidación del Real Decreto-Ley 12/2012 de medidas tributarias, que incluye la regularización extraordinaria de rentas ocultas con un gravamen del 8%. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, acusaron al Gobierno de promover una amnistía fiscal. La Cámara rechazó también las cinco enmiendas a la totalidad a la reforma laboral.
Las claves
Sanciones. La ley incorpora los mecanismos sancionadores vigentes en la UE. Las sanciones serán asumidas por la Administración incumplidora. En primer lugar, será un depósito del 0,2% de su PIB nominal. A los seis meses se convertirá en multa y a los nueve meses la Administración será intervenida por Hacienda.Periodo transitorio. Hasta 2020 el déficit estructural de las Administraciones deberá reducirse en un promedio anual del 0,8% del PIB.