Rajoy limita a 2.500 euros el pago en efectivo contra el criterio de los expertos
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, avanzó ayer que limitará los pagos en efectivo cuando haya un empresario o un profesional presente en la transacción a 2.500 euros. Los expertos exigen que se baje a 1.000 euros, el tope fijado por Italia, para que puedan aflorar hasta 27.000 millones en dinero negro.
Golpe a la economía sumergida. En un nuevo intento por calmar a los mercados, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, confirmó ayer que el pago en efectivo cuando haya un profesional o un empresario interviniendo en la transacción se limitará a 2.500 euros y que el incumplimiento de la norma conllevará sanciones de hasta el 25% del importe de la factura. Esto significa, por ejemplo, que un particular que tenga que abonar una reparación en un taller mecánico por 3.000 euros deberá pagarlo a través de medios electrónicos (tarjeta de crédito o débito o transferencia bancaria) o que si un profesional de la construcción (fontanero, electricista o albañil) realiza una obra a una empresa o a un particular por un importe de 4.000 euros no podrá cobrarla en efectivo.
El presidente hizo este anuncio ayer durante la sesión de control al Ejecutivo tras una pregunta del portavoz de IU, Cayo Lara, respecto a la amnistía fiscal. El problema es que el plan de lucha contra el fraude no está ultimado y se encuentra en fase de borrador, por lo que aún faltan detalles por cerrar. De hecho es una de las medidas más importantes que se van a debatir hoy en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la que participan los principales ministerios del área económica (Hacienda, Fomento, Empleo, Industria y Economía) y que preside el propio Rajoy. Queda, por ejemplo, por definir si las operaciones de pago en grandes superficies, consideradas como ventas minoristas, estarán sujetas a esa limitación y la horquilla que establecerá el régimen sancionador, ya que no todas las multas comportarán el pago del 25% de la factura.
Con esta medida, incluida dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal, que se presentará mañana viernes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo pretende que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. Además, en el caso de las empresas, limitar el pago en efectivo supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas. Este fraude consiste en que una empresa que tributa en el IRPF por el sistema de módulos emite una factura por un servicio que no ha prestado para que otra compañía pueda desgravarse un IVA que, en realidad, nunca ha pagado. Tanto el PSOE como Izquierda Unida propusieron durante la última campaña electoral medidas en el mismo sentido y otros países de nuestro entorno como Francia o Italia, lo tienen establecido en 3.000 y 1.000 euros, respectivamente.
Tanto inspectores como fiscalistas acogieron con satisfacción la limitación al pago en efectivo, aunque pusieron diversas objeciones sobre su eficacia y sobre la idoneidad del tope marcado. El más crítico fue el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quién denunció que el límite sea similar al que aplica Francia, "cuando el volumen de nuestra economía sumergida duplica al francés, mientras que por el contrario países con una tasa de fraude similar a la nuestra, como Italia, han optado por fijar el tope en 1.000 euros". Mollinedo además criticó el hecho de que las sanciones se limiten hasta el 25% del importe. "Generar facturas falsas para acometer este tipo de fraudes implica ahorrarse tanto el pago del impuesto de sociedades (que grava hasta un 30% del importe) como el IVA (del 4% al 18% en función del tipo aplicable), lo que supone un importe muy superior al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pescados por Hacienda", recalcó. De hecho calculó que si el límite se fijara en 1.000 euros aflorarían hasta 27.000 millones de euros en dinero negro. Desde el Ejecutivo replicaron que la sanción solo es administrativa y que el pago de la misma no implica que se exonere a la sociedad de ponerse al día con Hacienda.
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Lluis, apuntó que es una medida que va en la buena dirección, pero que no será la panacea. "Creo que el límite debería ser más bajo y que esta medida debe ir acompañada de otras, como la restricción del régimen de módulos para evitar que se convierta en un cúmulo de facturas falsas y un agravamiento de las penas por delitos fiscales para que tengan un verdadero carácter disuasorio", detalló. Lluis espera que el plan se tramite como proyecto de ley para que se puedan introducir mejoras durante la tramitación parlamentaria y consideró que sería muy importante que, en paralelo a las medidas coercitivas, se estableciera el derecho para los usuarios de poder pagar electrónicamente en todos los establecimientos.
Este último punto suscita, sin embargo, posiciones encontradas entre los expertos. Luisa López, directora del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), apuntó que se limitará la emisión de facturas falsas, aunque eso puede tener efectos colaterales no deseados en la pérdida de derechos de los ciudadanos. "En primer lugar se limita el uso de medios de pago legales, ya que el dinero en efectivo lo es, y en segundo lugar, lo que se pretende, que es la trazabilidad del dinero, puede suponer un atentado contra la intimidad de las personas", remarcó. En su opinión, esa limitación no aflorará dinero negro, pero hará más difícil su uso y su generación. "El impacto directo en la recaudación fiscal es previsiblemente nulo, pero indirectamente, si se eliminan prácticas fraudulentas, puede ser muy elevado", concluyó.
La cifra
25% del importe no declarado es la multa más elevada a la que se exponen las empresas que vulneren la ley. Esa sanción no conlleva que se exonere del pago de las deudas tributarias pendientes, aclaran desde Hacienda.
El coste de la economía sumergida
Es una de las grandes incógnitas de la economía española. ¿Qué porcentaje del PIB representan las transacciones con dinero negro? Obligado por las autoridades comunitarias, el Instituto Nacional de Estadística publicará a lo largo de este año una primera estimación pública sobre el porcentaje que supone. La primera aproximación la realizó el exministro socialista de Trabajo, Celestino Corbacho, quién cuantificó en 2010 entre el 16% y el 20% del PIB el impacto de esas facturas no declaradas. Corbacho fue desautorizado por la titular de Economía, Elena Salgado, quién recalcó días después que no se podía calcular esa cifra.Sin embargo, diversos institutos económicos han estimado el impacto que sobre la recaudación fiscal tiene la economía sumergida. El Círculo de Empresarios lo cuantificó en hasta un 25% del PIB en una de sus últimas publicaciones, mientras que la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) lo rebajó hasta el 21,5% del PIB. Los técnicos de Funcas constataron el crecimiento imparable de la economía sumergida, en paralelo al fuerte crecimiento de España tras el ingreso en la UE y el posterior boom inmobiliario De este modo pasó del 12,5% del PIB en 1985 al 20% a finales de la última década por el gran periodo expansivo.
Más control de las deudas tributarias
Otro de los ejes sobre los que va a descansar el plan de lucha contra el fraude fiscal es el mayor control en la fase recaudatoria, con el fin de evitar que se eluda el pago de deudas tributarias y aduaneras.El objetivo de Hacienda es evitar que los evasores fiscales pongan sus bienes a nombre de otros, normalmente familiares, cuando son descubiertos por la Agencia Tributaria. En cualquier caso, los últimos datos de los que dispone el departamento dirigido por Montoro muestran como, entre enero y noviembre de 2011, la Agencia Tributaria realizó 2.098 actuaciones para evitar vaciamientos patrimoniales. Para reforzar esta actuación también se establecerá que el contribuyente que evada impuestos deberá responder ante la deuda tributaria con todos sus bienes.Ese será una de las principales objetivos de la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, que tomó posesión de su cargo el pasado 30 de diciembre, tras su paso como jefa de Recaudación en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.Precisamente, Viana pronuncia hoy una conferencia en la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) sobre las directrices de la lucha contra el fraude fiscal.