Presentada por los herederos

Admitida a trámite una ampliación de la querella contra el director general de Gullón

La Audiencia Provincial de Palencia ha admitido a trámite la ampliación de querella presentada en 2010 por los hijos varones y los hermanos de la presidenta de Galletas Gullón contra el director general de la compañía, Juan Miguel Martínez Gabaldón, por los presuntos delitos de estafa procesal y de hurto o coacciones.

Juan Miguel Martínez Gabaldón junto a María Teresa Rodríguez
Juan Miguel Martínez Gabaldón junto a María Teresa Rodríguez

En esta ampliación de la querella acusan al directivo de utilizar determinadas "maniobras procesales" para obtener un "beneficio ilícito" en el juicio por despido improcedente, en el que Martínez Gabaldón tuvo una sentencia favorable y recibió una indemnización de nueve millones de euros, la mayor impuesta en España por este motivo.

Además, acusan al directivo de haber sustraído documentación propiedad de la empresa, que "utilizó en su beneficio", según datos de la denuncia recogidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Los supuestos delitos de la ampliación se suman a los recogidos en la querella inicial por presunta apropiación indebida, administración desleal y estafa, que se atribuyen a Martínez Gabaldón por su gestión en la compra de unos terrenos para la empresa.

Los hijos de la primera accionista de la galletera, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, presentaron esta denuncia cuando controlaban el consejo de administración y mantenían una pugna por el control de la empresa con su madre, que apoya a Gabaldón.

Rodríguez Sainz-Rozas recuperó el control de la compañía a finales de 2010 y restituyó a Martínez Gabaldón en el cargo de director general, que sigue ostentando actualmente.

El auto de la Audiencia Provincial, con fecha 29 de marzo de 2012, estima un recurso de apelación presentado por los querellantes contra un fallo del Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera del Pisuerga que inicialmente desestimó la ampliación de la denuncia, un auto que se acuerda dejar sin efecto.

De este modo, la ampliación queda ahora admitida a trámite y será este mismo juzgado el que deba acordar las diligencias de prueba pertinentes.

La resolución de la Audiencia Provincial "no puede hacer cábalas sobre la mayor o menor probabilidad de éxito de las pretensiones de los querellantes", sino que únicamente se pronuncia sobre la estimación del recurso.