El ministro de Hacienda insiste en que los Presupuestos no desatienden "partidas prioritarias"

El Gobierno fía al ajuste duro la recuperación de la confianza

El objetivo es cumplir el límite de déficit público del 5,3% a finales de año. El medio para hacerlo es un ajuste de 27.300 millones de euros, equivalente al 2,5% del PIB. Y lo que se pretende evitar a toda costa es que los recortes y las subidas impositivas depriman aún más el consumo. Estos son los ejes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que ha llevado al Congreso de los Diputados el ministro de Hacienda y Administraciones, Cristóbal Montoro, lo que supone el inicio de un trámite parlamentario que se prolongará hasta bien entrado junio.

Montoro no ha escondido la crudeza de la situación: "Estamos en un gravísimo momento". El Gobierno prevé que el PIB caiga el 1,7% este año y se pierdan 600.000 empleos, por lo que el ajuste presupuestario busca principalmente facilitar la financiación de la deuda española. La primera de riesgo española supera los 360 puntos básicos y el Ibex ha caído a mínimos anuales.

El ministro y su equipo han sido extremadamente cuidadosos a la hora de seleccionar las partidas de gasto que se han ajustado y las medidas tributarias a las que se ha recurrido para que no tuvieran impacto negativo ni en el crecimiento del PIB ni en el empleo. Por el lado de los gastos, la reducción media del presupuesto en los ministerios es del 16,9%, aunque el recorte llega hasta el 100% en algunas partidas, como la asignación a Renfe-Operadora. El ministro ha insistido en que los Presupuestos no desatienden "partidas prioritarias", por lo que el gasto en pensiones se incrementa el 3,2%, se congela pero no se rebaja el sueldo de los funcionarios y se mantienen intacta la asignación para seguro de desempleo. De esta manera, se mantienen "las grandes fuentes de renta" de la economía. "No es lo mismo reducir el déficit de una manera que de otra", ha continuado Montoro.

En el lado de los ingresos, el Gobierno, consciente de sus efectos directos sobre el consumo, ha dejado al margen de sus medidas tributarias al IVA para centrarse en una subida temporal del IRPF (aprobada en diciembre), nuevas limitaciones a las deducciones en el impuesto de sociedades y un proceso de regularización de rentas no declaradas. El Ejecutivo ha tenido que elegir entre subir el IVA o una amnistía fiscal, y ha optado por lo segundo a pesar del desprestigio en que incurre la capacidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda.

Montoro está convencido de que con estos Presupuestos España cumplirá el objetivo de déficit y reconoció sin ambages que las cuentas buscan el beneplácito de los "acreedores", ya que el Tesoro necesitará captar este año en torno a 60.000 millones de euros vía emisiones de deuda pública. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya advirtió el lunes que la alternativa a unos Presupuestos de esta índole era "significativamente peor": la intervención.

En su ánimo de trasladar confianza a los mercados, el Gobierno insiste en que pese a que se aprobarán en junio, los Presupuestos están vigentes desde el 1 de enero. Están prorrogados los de 2011 e incluyen un acuerdo de no disponibilidad de gasto inicial de 8.900 millones y alzas impositivas de IRPF e IBI. No es verdad que las cuentas vayan a estar vigentes solo medio año, añadió Montoro, porque todos los departamentos están ajustando su gasto desde principios de año.

El Gobierno va a intentar lograr el apoyo al menos de CiU a los Presupuestos, pero lo cierto es que los nacionalistas catalanes se llevaron ayer un primer revés porque no hay ni rastro de los 219 millones que la disposición adicional quinta del Estatuto de Cataluña que obligaba al Estado a invertir en la comunidad esta cantidad en 2009. El PP disfruta de una holgada mayoría absoluta pero busca compartir con CiU los costes políticos. La Generalitat aseguró ayer que no le gustan "nada" las cuentas, pero no renuncia a lograr sus objetivos en el trámite parlamentario. El PSOE anunció una enmienda a la totalidad a las cuentas.

El paso de los Presupuestos por el Congreso y el Senado se demorará hasta bien entrado junio. El Gobierno desoye así los mensajes de la Comisión Europea para que active mecanismos de urgencia para que las cuentas puedan estar plenamente en vigor desde ahora. El trámite parlamentario podría acortarse en un par de semanas si se reduce al mínimo el número de comparecencias de altos cargos de la Administración y si el Senado no aprueba enmiendas al texto. El Gobierno pondrá especial énfasis en la estabilidad presupuestaria no solo del Estado sino de las comunidades y ayuntamientos. Montoro no pareció ayer preocupado con la formación de Gobiernos de izquierda, más propensos a las políticas de gasto como palanca, en Andalucía y en Asturias. Advirtió de que el Gobierno tiene "herramientas" para hacer cumplir la Ley de Estabilidad a las comunidades.