Condenado un ex alcalde del PP a más de seis años de inhabilitación por prevaricación
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y a dos ex dirigentes de alto cargo de la comunidad por el delito de prevaricación.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al alcalde de Aranjuez entre los años 1995 y 2003, José María Cepeda (PP), a seis años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito continuado de prevaricación al favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados consideran a José María Cepeda autor de un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, la Sala le absuelve del delito contra la ordenación del territorio del que había sido acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, la Audiencia condena al ex edil de Hacienda Miguel Angel Gálvez a cuatro años y dos meses de inhabilitación, así como a seis años y cuatro meses de inhabilitación al técnico municipal Jesús Antonio Segado. Y absuelve también a tres ex ediles que habían sido implicado en este caso.
Cepeda se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de Madrid de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros. Ahora, la pena ha quedado reducida a seis años y cuatro meses de inhabilitación.
El fiscal Emilio Valerio les acusaba de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.
La resolución recoge que Gálvez, con el respaldo del ex alcalde, presentó y logró la aprobación por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, "facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos".
Además, añade que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, "frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes".
"Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos", señala el fallo.
Asimismo, recalca que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual existía "expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el concejal".
En el punto de mira estaba el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.
En su declaración, el exregidor aseguró que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", recalcó en el juicio y añadió que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.