El Congreso aprueba sin cambios el código antidesahucios
CiU y PNV dan su apoyo al PP, que se niega a aceptar modificaciones que resten seguridad jurídica a la banca.
La jornada de huelga general convocada ayer supuso la ausencia de algunos grupos parlamentarios pero no logró detener la actividad ordinaria del Congreso de los Diputados. Uno de los hitos de la sesión fue la convalidación del decreto ley que identifica el umbral de pobreza de las familias que pueden disfrutar de una especial protección ante un embargo hipotecario. La norma salió adelante con los votos de PP, CiU y PNV.
Tanto el grupo nacionalista vasco como la formación catalana criticaron, al igual que los partidos contrarios a la norma, que la defensa recogida en este código resulta "tímida", "insuficiente" y con "grandes debilidades". Ambas formaciones, sin embargo, han preferido apoyar la iniciativa del Gobierno apuntando que "más vale algo que nada" y que "es un paso favorable aunque sea muy restrictivo", en palabras del diputado vasco Pedro Azpiazu, recogidas por Europa Press.
PNV y CiU, de hecho, reclamaron la tramitación de la norma como proyecto de ley, ya que la fórmula del decreto ley "impide el debate y la mejora, que en este caso podría haber sido sustancial". El PP, sin embargo, ha rechazado la petición argumentando que los bancos necesitan conocer "claramente las condiciones" si se espera que se adhieran voluntariamente a la aplicación del código. La gran mayoría de bancos y cajas de ahorros ya ha anunciado que suscribirá su aplicación.
Hacerlo, obligará a las entidades firmantes a dar una mayor protección a las familias con todos sus miembros en paro, en las que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no den para cubrir las cuotas de la hipoteca (siempre que la vivienda no exceda de 200.000 euros en las ciudades o los 120.000 euros en los pueblos). El decálogo indica, en estos casos, que las entidades deben aplicar, en un mes, un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años, en el que no se paga capital, un alargamiento de la hipoteca a 40 años y una rebaja del tipo de interés a euríbor más 0,25. Si este plan, o una quita añadida, no bastan, el banco o caja tendrá que aceptar la dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria) transcurridos 12 meses y permitir a la familia residir en la vivienda dos años más.
El PSOE, por su parte, votó en contra del decreto alegando que estas restricciones hacen que solo un 4% de las familias en riesgo de pobreza se beneficien del código. CiU recriminó al PSOE que votara en contra, después de no haber hecho "absolutamente nada" cuando gobernaba.