Hasta nueve años para zanjar un despido
Nunca llueve a gusto de todos. Y menos con una reforma laboral. Expertos de Fedea, el instituto de investigación financiado por las grandes empresas, han alertado esta mañana de que los trámites por despido por causas económicas podrían alargarse hasta nueve años. Los profesores de este laboratorio de ideas creen que los jueces tendrán dificultades para discernir si se cumple la condición legal para este tipo de extinciones, tres trimestres consecutivos con caída de ingresos o ventas, y que eso provocará "sentencias discrepantes", aumento de litigiosidad y recursos ante el Tribunal Supremo.
El cambio legal establece que esta modalidad de rescisiones se indemniza con 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, frente a los 33 días y un máximo de dos años del improcedente.
En un informe presentado esta mañana, los profesores Samuel Bentolila y Marcel Jansen explican que una empresa puede caer en ventas y a su vez aumentar sus beneficios -con la reducción de gastos, por ejemplo-. "¿Evaluará el juez si en ese caso se justifica el despido?", se preguntan los investigadores, que ponen en duda la formación económica de los magistrados: "No saben qué es un deflactor (índice corrector de la variación de precios)".
Los docentes creen que el juez se enfrentará a un dilema. "Al final (ante un despido por causas económicas) considerará que su deber es evaluar si hay necesidad de reducir la plantilla, aunque hayan caído las ventas", escriben. Abierto a la subjetividad del mediador, según los profesores, el proceso acabará con "sentencias discrepantes de primera instancia, recursos ante los tribunales superiores de Justicia autonómicos y, en algún caso, ante el Supremo para unificar doctrina". "Podría ser un proceso de hasta nueve años", concluyen los autores, que prevén que los empresarios ofrecerán en la conciliación una indemnización de más de 20 días para evitar recursos.
La reforma laboral, que se encuentra en trámites parlamentarios y contra la que los sindicatos mayoritarios han convocado una huelga general para el jueves, acelera los expedientes de regulación de empleo (ERE). Hasta ahora, los representantes de los trabajadores y la compañía se veían casi siempre obligados a negociar al ser imprescindible el visto bueno previo de la autoridad administrativa (el Ministerio de Empleo o las consejerías de Trabajo). El cambio legal impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy elimina ese paso.
¿Cuál será la consecuencia? "Habrá más recursos", adelantan los investigadores de Fedea. "El decreto agiliza el procedimiento, pero antes los ERE los veían los juzgados de lo Contencioso Administrativo y ahora los de lo Social, que están ya sobrecargados". De ahí la pregunta que se hacen los profesores: "La Justicia necesitará más medios económicos (para evitar retrasos). ¿Habrá dinero?"
