Ricardo de Cospedal renuncia a presidir la Fundación Carolina
Ricardo de Cospedal, hermano de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha renunciado a presidir la Fundación Carolina, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Así lo han confirmado fuentes del entorno de la dirigente popular, que han asegurado que Ricardo de Cospedal ha declinado ocupar este cargo para no perjudicar a su hermana ni a la propia institución.
Una renuncia que se suma a la del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la número dos del PP, que rechazó entrar en el Consejo de Administración de Red Eléctrica Española por los mismos motivos, tras la polémica que suscitó su elección.
La comisión de nombramientos de la compañía que dirige José Folgado -que tiene un 75% de capital privado- había propuesto a López del Hierro como consejero independiente de la empresa.
Poco después se produjo la renuncia de Alberto Nadal, hermano del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, como consejero de Red Eléctrica para que no se empañe su trayectoria profesional ni se perjudique a la empresa.
Nadal, vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, justificó su decisión por la "interpretación" que se había hecho por parte de algunos medios de comunicación del asunto, después de que se vinculara su nombramiento al puesto de su hermano.
Una semana después de que los anteriores rechazaran los citados cargos se conoció el fichaje de Iván Rosa Vallejo, abogado del Estado y marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por parte de Telefónica.
Iván Rosa, que hasta hace poco trabajaba en el Ministerio de Hacienda, se incorporará, en concreto, a una nueva unidad creada para coordinar y planificar la vertiente jurídica de los nuevos negocios internacionales de la empresa.
Al ser preguntada sobre posibles similitudes en los nombramientos, la vicepresidenta apeló al "derecho de abstención" que atañe a todos los altos cargos de la administración central para garantizar que se inhibirá en la toma de decisiones que puedan afectar a Telefónica.