El 'hispanobono', deuda con ventajas pero de difícil creación

Unificar las emisiones públicas plantea problemas políticos y de mercado

Las necesidades de financiación del Estado español se han disparado con la crisis y captar recursos se ha convertido en una pesada losa, especialmente para ayuntamientos y comunidades autónomas. El Gobierno quiere acabar con los sobrecostes por las diferencias en las emisiones de deuda de las administraciones públicas y ya tiene una propuesta: los hispanobonos.

La idea, sugerida la semana pasada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en su primera comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara Alta, busca crear una especie de eurobono a la española para que todas las administraciones públicas emitan deuda de forma conjunta bajo la marca España. La iniciativa, aún en fase de estudio, buscaría abaratar los costes de emisión de todo el sistema y abrir el acceso de la financiación a comunidades con dificultades para hacerlo por sí solas. En definitiva se trataría de encontrar ventajas al unificar emisores.

En las dos últimas semanas, la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla y León han colocado deuda en el mercado a unos tipos de interés que han superado en unos 200 puntos básicos lo que paga el Tesoro por operaciones al mismo plazo. Un sobrecoste que el Gobierno quiere reducir. No en vano, estas emisiones pese a no tener aval del Estado, sí llevan una garantía implícita. "Ya se ha visto que a Valencia no se le ha dejado caer", argumenta un experto.

Pero el mercado, además, no se encuentra receptivo a todos los emisores. Las comunidades autónomas con peor situación fiscal tienen complicado el acceso y la escasa demanda que obtuvo la emisión de Castilla y León el martes, (aspiraban a captar 200 millones a 2,5 años y finalmente solo emitió 53) deja entrever que no hay demanda para todos. "Hay mercado claro para Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid, pero para las demás habrá que ir viendo", explica el responsable de mercado de capitales de un banco extranjero.

Los hispanobonos se perfilan, por tanto, como una solución para abaratar y facilitar la financiación de los entes públicos. De Guindos ha cifrado en 1.000 millones de euros el sobrecoste que abona España por los diferentes tipos de interés que se exigen en las emisiones de deuda de las administraciones públicas y por ello considera "necesario" pensar en una armonización.

"Puede ser una solución que resulte beneficiosa para todos. Cuantos más emisores españoles peor. La dispersión de muchos emisores encarece y cuando hay emisiones más grandes y líquidas se consiguen mejores precios", reconoce Juan Ignacio Crespo, analista financiero. La única pega es que al aumentar el total de deuda en circulación y, al incorporar estos nuevos bonos el rating de las comunidades autónomas, se podrían resentir los precios. En cualquier caso, el efecto está por ver puesto que el mercado también puede valorar la iniciativa positivamente.

"Me parece una buena idea pero sería como emitir eurobonos y habría que tener una disciplina fiscal, un compromiso escrito de las comunidades autónomas donde se fijen unos techos de déficit. Las normas actuales no bastarían", explica Miguel Ángel Bernal, experto en renta fija del IEB. "Si hay una ley clara puede ser incluso beneficioso para los costes de emisión porque se puede entender como una disciplina ultraortodoxa", añade este experto.

El propio ministro Luis de Guindos reconoció el otro día que la otra cara de la moneda de los hispanobonos será precisamente el compromiso "ineludible" de consolidación fiscal por parte de las administraciones públicas. "Se trataría de dinero a cambio de soberanía. Igual que con Grecia", añade Juan Ignacio Crespo, analista financiero. De ahí que aunque la idea resulte razonable muchos expertos vean complicada su puesta en marcha por las implicaciones políticas que conllevaría que las comunidades autónomas, responsables de gestionar sus propios presupuestos, se vean obligadas a ceder parte o toda la gestión de la financiación.

Al final todo dependerá de los detalles pero los expertos ven más ventajas que pegas en unificar emisiones. Diferente será el efecto en la economía si el margen de maniobra de cada organismo público se sigue reduciendo por los recortes y los objetivos de déficit.

El mercado premia a Madrid por su disciplina

El mercado premia a Madrid. La Comunidad cerró el pasado ejercicio con una deuda sobre PIB del 7,9%, la más baja de todas las comunidades autónomas junto con la del País Vasco (8,1%). Un elemento diferenciador que permitió que se lanzara con éxito al mercado la semana pasada con una emisión de 665 millones de euros a tres años. Un acceso con el que no cuentan otras comunidades. Cataluña (20,7%), Comunidad Valenciana (19,9%), Castilla-La Mancha (18%) y Baleares (16,3%), regiones que concluyeron el pasado ejercicio con una deuda pública sobre PIB superior al 13%, el umbral máximo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que todavía no ha entrado en vigor. Navarra (12,9%), Galicia (12,3%) y La Rioja (11,2%) se quedaron a un paso de superar ese umbral. El resto cerró con unas cifras de entre el 9% y el 10%.

La cifra

68,5% de deuda pública sobre PIB es el dato de cierre del pasado ejercicio del conjunto de la Administración pública.