Camino de ser un nuevo Daimiel
El robo de agua en Doñana amenaza el Parque Nacional. En España habría hasta 500.000 pozos ilegales
El Parque Nacional de Doñana va camino de sufrir la misma agonía que ha padecido durante años Las Tablas de Daimiel (en la provincia de Ciudad Real), debido a la proliferación de pozos de agua ilegales en el interior y en los alrededores de este espacio protegido.
La voz de alarma es de la organización WWF, que este mes presentó un informe en el que analiza cinco zonas del Parque Nacional donde la proliferación de pozos ilegales en miles de hectáreas está secando la marisma de este espacio, conocido en Europa por ser el lugar al que acuden cada año miles de aves en su peregrinación desde el norte de Europa hacia África.
La organización aclara que solo ha señalado los casos más graves en el documento, ya que la propia Junta de Andalucía habría reconocido la existencia de hasta mil pozos ilegales dentro del área del parque dedicada al cultivo de la fresa.
"WWF ha detectado casos concretos de ilegalidad en Doñana, en cinco ámbitos muy significativos. Son la muestra de una preocupante situación que incluye entre 1.000 y 2.000 infraestructuras no legales, según diferentes fuentes", escribe en su informe El robo del agua en Doñana.
Es el caso, por ejemplo, de la cabecera del arroyo de La Rocina, donde en solo 1,5 kilómetros cuadrados se han contabilizado 52 pozos y 17 balsas. El arroyo ha perdido hasta el 50% de su caudal en 30 años. De no poner freno a esta situación, esta organización teme que la marisma de Doñana sufra la misma suerte que Las Tablas de Daimiel, al borde de la asfixia por la proliferación de pozos ilegales del sobreexplotado acuífero 23, del que se extrae agua de forma ilegal de 10.000 puntos.
El robo es una constante en todas las cuencas hidrográficas de España, como se reconoce desde la propia Administración, que ha cifrado en 510.000 los pozos ilegales en España, de los que cada año se extraerían al menos 3.600 hectómetros cúbicos, el equivalente al consumo de 58 millones de habitantes. "Ese volumen contrasta con el volumen extraído legalmente, que se estima en 4.500 hectómetros cúbicos, es decir que al menos el 45% del agua bombeada de acuíferos cada año se extrae al margen de la legalidad", explica WWF en otro informe.
En su primera comparecencia pública tras estrenar el cargo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aludió a los 8.000 pozos ilegales en la cuenca del Guadiana.
Este aprovechamiento ilegal se arrastra desde 1986, cuando la ley estipuló que todas las aguas superficiales y subterráneas pasaban a ser públicas. Desde esa fecha, cualquier uso de más de 7.000 metros cúbicos anuales debe contar con una concesión de la cuenca competente, donde se fija el volumen máximo extraíble. El problema es que por debajo de los 7.000 metros cúbicos, la Administración solo exige detallar las características del pozo para autorizar su uso. "Hasta que las confederaciones comprueban el volumen y el uso, se presta a engaño. Nosotros queremos que exista un control y que se legalicen los pozos que antes eran privados", explican desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
En la cuenca del Segura, donde desde 1986 la Confederación Hidrográfica no puede otorgar nuevas concesiones por falta de recursos hídricos, se estima que entre 1990 y 2000 los cultivos de regadío crecieron a un ritmo de 6.400 metros cúbicos anuales, según un informe sobre el Plan Hidrológico Nacional del año 2001.
Pérdidas millonarias por la sequía
La sequía atenazará al campo este año hasta los 1.500 millones de euros en pérdidas, según han estimado esta semana las organizaciones agrarias.El Gobierno abrió el martes una mesa de negociación con los colectivos agrarios afectados por la falta de lluvias, en la que se abordarán posibles medidas para paliar los efectos de la falta de agua y por los que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha pedido a la Unión Europea un adelanto de 5.500 millones de euros de los ingresos procedentes de la Política Agrícola Común (PAC).El presidente de Asaja, Pedro Barato, subrayó durante el encuentro con el Gobierno que solo mantener el sector vacuno en Castilla La Mancha puede suponer 800.000 euros diarios.Los sectores más afectados por la sequía, según esta organización y COAG, son la ganadería extensiva y los cereales, de los que un tercio de cultivos peligra si no llueve en los próximos días.La ganadería intensiva también se está viendo afectada por el incremento de piensos en vez de pastos.Las organizaciones agrarias piden la rebaja de los costes sociales o incluso que se permita a las cooperativas incrementar sus operaciones con terceros en situaciones excepcionales.