El Gobierno paraliza las titulizaciones del déficit ante la reforma eléctrica
La comisión interministerial que decide sobre las titulizaciones del déficit de tarifa, que las eléctricas ceden al FADE, "está desaparecida". Pese a la demanda de los bancos y a que la CNE ha certificado la cesión de 7.000 millones, el Gobierno ha paralizado las emisiones, lo que hace temer a las empresas una posible quita.
Entre el 30 de enero y el 27 de febrero, las cinco grandes eléctricas, a través del fondo para la amortización del déficit de tarifa (FADE), habían realizado 11 emisiones privadas por un total de 3.209 millones de euros. A partir de ese día, y pese a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) certificó el 1 de marzo la cesión irrevocable al citado fondo por parte de las empresas de desajustes por otros 7.000 millones, se ha producido un parón.
En el sector se muestran muy sorprendidos y dicen no entender este frenazo, más aún si se tiene en cuenta "que en estos momentos, los mercados de crédito están muy receptivos, dada la alta liquidez". Las colocaciones privadas se realizan de forma bilateral con un inversor, frente a las públicas que se subastan y son similares a las colocaciones de bonos que realiza el Tesoro público.
El FADE, que está gestionado por una firma de titulización de activos (TdA) y supervisado por una comisión interministerial que decide las condiciones y los plazos de las emisiones, mantiene silencio ante el interrogante de las empresas, que empiezan a sospechar que detrás de esta maniobra está la reforma del sistema eléctrico que, según declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, se hará en dos fases. Un primer paquete podría aprobarse este viernes y el segundo, a finales de abril.
La congelación de las titulizaciones hace temer a las eléctricas que el Gobierno mantiene su idea de una quita sobre la deuda (voluntaria o impuesta), pese a que Soria la ha descartado, o sobre los gastos de titulización que pagan los clientes y deberían asumir las empresas, según ha pedido reiteradamente la CNE. La cuestión es que el déficit titulizado ya no es propiedad de las eléctricas, sino de las entidades que adquieren los bonos.
Fuentes jurídicas consideran que tampoco se puede aplicar una quita al déficit certificado por la CNE y cedido al FADE (como el caso de los citados 7.000 millones) aunque no esté titulizado. Y hay que tener en cuenta a la hora de pensar en una condonación, que las eléctricas son acreedoras forzosas. El real decreto 437 de constitución del FADE establece el precio de la cesión es del 100% y si el Gobierno quiere rebajar este porcentaje debe modificar la norma, pero nunca con carácter retroactivo.
Otro temor del sector es que se les apliquen fiscales (lo que Industria estaría negociando con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro). La supuesta reforma, que supondrá una fuerte subida de la tarifa, coincide con la las medidas cautelares del Supremo que obligarán a Industria a refacturar 2.700 millones de los peajes desde el 1 de enero y otros 160 millones en el último trimestre de 2011, por los desfases del déficit. En este sentido, es probable que se apruebe un real decreto ley para elevar el techo de los déficit ex ante anuales, ya que las cantidades que lo superen deben cobrarse en la tarifa obligatoriamente.
Cesur a la baja
Hoy se celebra la subasta Cesur, que determinará el precio de la energía en el segundo trimestre (que supone la mitad del recibo de la luz). Esta vez, Industria solo ha ofertado seis TWh, frente a los ocho del anterior trimestre: ¿porque baja la demanda o para contener el precio?
El bono social, en peligro de extinción
La reciente sentencia del Supremo que anula la obligación de las cinco grandes empresas generadoras (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) y otras ajenas a Unesa, de sufragar el bono social (unos 300 millones de euros) ha derivado en un vacío legal difícil de gestionar. El bono social, del que disfrutan tres millones de consumidores, que tienen congelado el recibo desde 2009, lo liquidan las citadas empresas con la Comisión Nacional de Energía (CNE).Sin embargo, tras la publicación de la sentencia, que responde a una denuncia de Iberdrola, el regulador no puede cobrar a esta empresa ni a ninguna otra el coste del bono social, pues la disposición adicional tercera de la orden ministerial de 26 de junio de 2009 que lo regulaba ya no es de aplicación.Llegados a este punto, el Ministerio de Industria tiene que determinar a través de una nueva norma quién lo sufragará (un mayor número de empresas o el resto de consumidores) o si adelanta su desaparición que estaba prevista para el próximo año. El problema más acuciante es el de las comercializadoras de último recurso (CUR) que, por cierto, coinciden en los mismos grupos empresariales que las cinco grandes generadoras. Las CUR quieren saber si en la próxima factura de la luz deben descontar como siempre el bono a sus clientes. El Supremo no ha anulado en sí este beneficio social, sino su financiación por parte de unas cuantas empresas, por considerarlo un mecanismo "discriminatorio y no transparente".El Gobierno, según la sentencia, debe devolver todas las cantidades pagadas por las compañías desde 2009.