Hacienda anima a los proveedores a exigir a los ayuntamientos el reconocimiento de deudas

Los alcaldes presentan 9.500 millones en facturas impagadas, la mitad de lo previsto

Los municipios han remitido al Ministerio de Hacienda, en el marco del plan de pago a proveedores, 1,9 millones de facturas atrasadas que suman 9.500 millones de euros. Supone una cifra estimable que, sin embargo, se queda lejos de los 20.000 millones que había previsto el Gobierno. Hacienda admite que los ayuntamientos no han enviado todas las facturas pendientes de pago.

Los alcaldes presentan 9.500 millones en facturas impagadas, la mitad de lo previsto
Los alcaldes presentan 9.500 millones en facturas impagadas, la mitad de lo previsto

Esta ha sido una medida histórica y única, no porque no se haya hecho nunca, sino porque no se va a hacer nunca más". Así definió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el plan de pago a proveedores, que contempla que la banca y el ICO abonen las facturas que restan por pagar a los proveedores de ayuntamientos y comunidades, que tendrán un plazo de 10 años para devolver ese dinero. Unos 5.000 municipios enviaron antes de las 12 de la noche del pasado jueves -cuando se terminaba el plazo- un detalle de las facturas que tienen pendientes de pago. Es decir, el 62% de los alcaldes se sumaron al proyecto y presentaron 1,9 millones de facturas por un importe global de 9.500 millones.

Sin embargo, Hacienda contemplaba que la cifra fuera bastante mayor y alcanzara los 20.000 millones. De hecho, tanto la Administración como las empresas dan por hecho que la deuda comercial de los municipios duplica como mínimo los 9.500 millones, que es el importe que la banca y el ICO empezarán a abonar a partir del primero de mayo. Fuentes de Hacienda señalan que algunos ayuntamientos no han presentado la totalidad de la deuda comercial pendiente y otros simplemente han optado por el silencio. En este sentido, recuerdan que los proveedores tienen derecho a conocer si el Ayuntamiento que les debe dinero les ha incluido en la lista remitida a Hacienda. Cualquier proveedor con una factura pendiente puede "solicitar un certificado individual" al interventor municipal en el que se les reconozca esa deuda, lo que implicará su inclusión inmediata en el plan puesto en marcha por el Ejecutivo. La legislación contempla fuertes sanciones para los municipios que se nieguen a reconocer una deuda. Hacienda señala que, con toda probabilidad, la cifra de 9.500 millones de deuda comercial que los municipios han reconocido se incrementará en las próximas semanas.

El Ejecutivo señaló que, de momento, dos terceras partes del listado de facturas presentadas por los ayuntamientos beneficiará a pymes (63.500) y autónomos (50.259). Ahora, los municipios tienen hasta final de mes para presentar planes de ajuste que demuestren la capacidad del ayuntamiento para devolver la deuda financiera que contraerá con los bancos que paguen las facturas atrasadas. Los municipios tendrán 10 años -con dos de carencia- para devolver ese dinero y aplicarán un tipo de interés en torno al 5%. Si todo funciona según lo previsto, los proveedores empezarán a cobrar a partir del primero de mayo. Las comunidades, por su parte, disponen hasta el 15 de abril para presentar una relación de las facturas impagadas. Hacienda estima que pueden llegar a los 15.000 millones.

Recorte de empresas públicas

Así, el plan de proveedores tiene capacidad para inyectar hasta 35.000 millones, de los cuales, la gran banca (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell-CAM y Bankia) aportarán 19.000 millones. El ICO, por su parte, colaborará con 7.000 millones que podría ampliar a 10.000 millones.

Por otro lado, el Consejo de Ministros inició su plan de reestructuración del sector público con la eliminación de 24 de las 141 empresas de titularidad estatal. Entre ellas se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un ente dependiente del Ministerio de Fomento que se creó en 2005 para incentivar el arrendamiento de viviendas. El Gobierno entiende que la SPA "no ha conseguido su objetivo" y recuerda que cuando se fundó ya estaba previsto que se eliminara en 2015. Sin embargo, Fomento ha optado por acelerar el cierre ya que, hasta 2010, la SPA acumuló 37 millones de pérdidas, importe al que deben sumarse los seis millones de números rojos de las cuentas todavía no cerradas de 2011. También desaparecerán compañías como Remolques Marítimos o la Sociedad de Ventas de Loterías, una entidad que se creó solo para la privatización de LAE, un objetivo del anterior Gobierno que no llegó a cumplirse. También se suprimirán ocho fundaciones entre las que se encuentran las de la SEPI o Efe. La primera parte del plan de reestructuración supondrá el despido de 154 consejeros, lo que equivale a un ahorro anual de un millón de euros. Además, el Gobierno también ha decidido desinvertir en unas 43 entidades del sector privado. "Se trata de poner orden en casa", señaló Sáenz de Santamaría que aseguró que el Estado ha estado pagando sueldos de consejeros de empresas que no realizan ninguna labor. Como ejemplo de un absurdo administrativo, Sáenz de Santamaría señaló que todavía existen compañías como Barcelona Holding Olímpico, creada ad hoc para los Juegos de 1992. Ese mismo año también se celebró los 500 años del descubrimiento de América, evento del que todavía queda la sociedad pública V Centenario. El Ejecutivo no se plantea, de momento, vender las participaciones que mantiene en empresas como Enagás, Red Eléctrica o Hispasat. Tampoco tiene en la agenda la privatización de Loterías.

En cualquier caso, la mayor parte de entes públicos son de titularidad autonómica o local. El Gobierno colabora con las comunidades y ayuntamientos para poner en marcha una gran poda de organismos. Las autonomías se comprometieron a eliminar más de 500 entes públicos, una medida que todavía tienen pendiente. A 31 de diciembre del año pasado, el conjunto de la Administración contaba con 2.372 empresas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios. El Ejecutivo admite que muchas de estas entidades se fundaron con el objetivo de sortear los "controles presupuestarios".

El Gobierno refuerza cinco líneas de financiación del ICO

El Gobierno desoye las peticiones procedentes, sobre todo de la izquierda, para crear una banca pública pero ha decidido impulsar la actividad de su brazo financiero, el ICO. Según anunció el viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, Economía ha ampliado hasta 22.000 millones el crédito disponible del ICO, para lo que se reforzarán cinco líneas (inversión, internacionalización, liquidez, emprendedores y vivienda).

Esta cantidad es un 15,8% superior a la contemplada inicialmente para 2012 y un 40% más respecto a la utilización de estos instrumentos en 2011. De ponerse en circulación los 22.000 millones, representarían el 9% del crédito total del sistema. Estos recursos no tendrán impacto presupuestario.

La línea ICO Inversión permitirá también financiar circulante, además de adquisición de vehículos y maquinaria, y su dotación se amplía hasta los 9.000 millones. El instrumento de la entidad pública para impulsar la internacionalización de las empresas duplica su capacidad, hasta 2.000 millones, para apoyar sobre todo a las pymes. Esta línea incluye 1.000 millones adicionales, que se concederán sin bonificación, para financiar circulante.

La línea ICO Liquidez se amplía desde los 6.000 a los 8.000 millones de euros para aliviar las tensiones de caja de pymes y autónomos, que tendrán a su disposición esa nueva cantidad, en lugar de los 6.000 previstos. El mecanismo del ICO para Emprendedores pasa de 750 a 2.000 millones, para apoyar a nuevos emprendedores o a empresarios que se hayan iniciado en la actividad hace menos de cinco años. El Gobierno refuerza la línea ICO Vivienda que, dotada con 1.000 millones, servirá para la rehabilitación de inmuebles.

Cataluña

La Generalitat de Cataluña podrá modificar en función de sus necesidades las condiciones laborales, tareas y horarios tanto de funcionarios como de empleados laborales. Se lo explicó el viernes el Gobierno regional a los sindicatos en la mesa de la Función Pública. Del total de 230.000 empleados públicos, el plan afectará a unos 45.000 trabajadores: los técnicos y administrativos. Quedan excluidos los maestros y el personal sanitario. El proyecto, que el Gobierno regional espera aplicar a partir de octubre, prevé traslados geográficos y la reducción del 15% de jornada y sueldo de 6.800 interinos.