Dos nuevos fallos del Supremo ponen en peligro la financiación de la tarifa
Las arbitrariedades del sistema eléctrico están aflorando de la mano del Supremo. Además de las medidas cautelares en las que el alto tribunal obliga a volver a subir la luz desde enero, ha anulado también la obligación de las eléctricas de financiar el bono social y exige refacturar 160 millones entre octubre y diciembre.
La Abogacía del Estado no da abasto. A las medidas cautelares del Tribunal Supremo para que el Ministerio de Industria elabore una nueva orden de tarifas del primer trimestre, con efecto del 1 de enero, que recoja correctamente los costes que establece la ley (y supondrá, según cálculos de las eléctricas, un incremento de los peajes de hasta el 30%), se suman ahora otros dos fallos que acaban de conocerse. Todos ellos ponen en evidencia "las arbitrariedades del sistema eléctrico, que va acabar por estallar", según fuentes del sector.
Una sentencia del Supremo sobre un recurso de Iberdrola del año pasado, ha anulado la obligación de las grandes productoras de electricidad (además de Iberdrola, Endesa, Gas Natural, HC Energía y Eon España) de financiar el bono social. Un beneficio del que disfrutan tres millones de españoles y que supone un coste de 300 millones anuales para las grandes empresas.
El Supremo ha aceptado la petición de Iberdrola, que consideraba que el sistema de financiación (no en sí el bono social) es contrario al derecho comunitario. La sentencia califica la obligación que tienen las eléctricas de pagarlo (el bono supone la congelación de la tarifa desde 2009 y estará vigente hasta 2013) de "discriminatoria, no transparente y no controlable". Una vez que la sentencia se publique en el BOE, la CNE, que es la encargada de las liquidaciones, no podrá volver a cobrárselo y se le tendrá que devolver las cantidades pagadas desde 2009.
En principio, la medida afecta a Iberdrola pero podría extenderse al resto de las eléctricas al tratarse de una violación del derecho comunitario. En su fallo, el Supremo sugiere que el bono sea financiado por el conjunto del sector o por una parte del mismo, siempre que no discrimine y sea transparente. También admite que lo sufrague el resto de consumidores. De ser así, la decisión judicial se traducirá en más déficit de tarifa o, quizás, en la desaparición del bono.
Lo relevante de la sentencia para las cinco grandes eléctricas es que podría ser extrapolable a la obligación que tienen de financiar el propio déficit de tarifa. Algunas tienen recurridas las liquidaciones del déficit ante los tribunales.
Otro fallo que acaba de conocerse responde al incidente de ejecución presentado por las eléctricas contra la decisión de Industria de refacturar el consumo eléctrico solo en la última semana de diciembre. El Supremo había admitido cautelares a las eléctricas en su denuncia contra la bajada de los peajes fijada en la orden de tarifas del último trimestre del año y obligaba al ministerio a restablecer, desde el 1 de octubre, la tarifa del trimestre anterior. En una resolución, Industria consideró que solo debía refacturar desde el 23 de diciembre, que fue el día en que se publicó el auto, y que sumó unos 50 millones de euros. La refacturación de todo el trimestre suma otros 160 millones.
Las cifras
2.700 millones es la cifra definitiva que las empresas calculan que hay que reliquidar desde el 1 de enero, según las cautelares del Supremo (900 millones del año pasado y 1.800 millones de este).
3 millones de consumidores con TUR disfrutan del bono social.
Soria anuncia que subirá la luz el 1 de abril
El ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció ayer que la decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a tomar medidas y que lo "previsible" es que a partir del 1 de abril "haya un incremento de la tarifa", sin precisar cuál será la subida. El ministro, no obstante, advirtió que "se equivocará" quien piense que todo va a ser a cuenta del consumidor. Soria, que hizo estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, se refería a las medidas cautelares que el Supremo ha otorgado a Iberdrola y Endesa (Gas Natural Fenosa también las ha pedido) y que obliga a su ministerio a elaborar una nueva orden de tarifas que incluya los costes que la norma de enero dejó fuera (el déficit extra de 2011 que supera el límite legal permitido y otras partidas de este año). La broma suma 2.700 millones (900 millones del año pasado y 1.800 millones de este año), según las partidas que figuran en las cautelares. Además, el ministerio está obligado a otra refacturación en el último trimestre y debe resolver el problema de la financiación del bono social, tras el nuevo varapalo del Supremo.Hay quien asegura que el Gobierno prepara una ley para aumentar el límite anual del déficit de tarifa (el que no se cobra a los consumidores de golpe, sino que se puede titulizar y cobrar de forma aplazada) y ampliar el plazo más allá de 2013, año límite. Así evitará que las cantidades que superen el techo se tengan que trasladar con calzador a la tarifa. Sin embargo, esta medida no podrá tener carácter retroactivo, por lo que no afectará al desajuste (los citados 2.700 millones) que figura en las duras cautelares del Tribunal Supremo