Santander, Catalunya Caixa y Bankinter estrenan el código antidesahucios
El código para limitar los desahucios promovido por el Gobierno ganó ayer sus primeros adeptos: Santander, Catalunya Caixa y Bankinter. Popular y Novagalicia prevén firmarlo en breve. BBVA y el resto de entidades estudian "la viabilidad técnica" de sumarse a la norma.
Banco Santander, Catalunya Caixa y Bankinter dieron ayer un paso al frente, mientras buena parte del sector continúa sin pronunciarse, al anunciar su adhesión al código de buenas prácticas en los desahucios hipotecarios que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. La firma del decálogo, decisión que se deja a la voluntariedad de cada entidad, obliga, sin embargo, a aplicar estrictamente su contenido.
El anuncio de las tres entidades citadas, que se suman al sector de cooperativas de crédito, contrasta con la indecisión del resto de grandes entidades que permanece mudo desde que el Boletín Oficial del Estado estableciera el sábado que el incumplimiento del código podrá ser recurrido ante los Tribunales. Aunque desde la patronal de bancos, la AEB, y la confederación de cajas, la CECA, aseguran que el código goza de buena aceptación en el sector, lo cierto es que la adhesión dista de ser general.
Novagalicia, eso sí, asegura que se sumará en cuanto lo vote su consejo de administración. Fuentes cercanas a Popular sostienen que la entidad hará otro tanto. BBVA, por su parte, alegaba ayer que por el momento se encuentra estudiando "la viabilidad técnica" de sumarse a la iniciativa. En todo caso, la primera lista de adhesiones será publicada en abril y una comisión de control vigilará su cumplimiento.
El código obliga a las entidades a suavizar el tratamiento que se da a las familias más pobres en caso de que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, estableciendo un protocolo de refinanciación y quitas que convierte el desahucio en la última opción. La norma afecta a las familias con todos sus miembros en paro, en las que un 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- no dé para cubrir las cuotas de la hipoteca y cuando la ejecución afecte a su única residencia. Esta no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en los pueblos. Las entidades firmantes deberán concederles un periodo de carencia, en el que no se paga capital, de cuatro años, alargar sus hipotecas a 40 años y rebajar el tipo de interés a euríbor más 0,25. También pueden ofrecer una quita. Si, finalmente, transcurridos 12 meses la familia es incapaz de cubrir las cuotas, la entidad debe aceptar la dación en pago (dar la vivienda como única condición para saldar la deuda).
El Gobierno exige además que la entidad permita a los afectados permanecer en la vivienda durante un periodo de dos años, bajo régimen de alquiler, con una factura anual equivalente al 3% del saldo de deuda restante que deben pagar las familias. A cambio de sumarse al decálogo, las entidades pueden deducirse fiscalmente del impuesto de sociedades las pérdidas ocasionadas por aplicar la dación en pago, están exentas del impuesto actos jurídicos documentados y ven bonificada al 50% las costas notariales.
Las cooperativas toman la iniciativa
Aunque las dos mayores entidades que se han sumado al código antidesahucios del Gobierno son Santander, Catalunya Caixa y Bankinter, lo cierto es que la iniciativa en este asunto la han tomado las cooperativas de crédito, comenzado por Cajamar, que ya anunció la firma del decálogo el pasado lunes. El martes le seguía Ruralcaja, cabecera del grupo CRM que reúne a una quincena de cajas rurales. Ayer mismo, se sumaba la Patronal de las Cooperativas de Crédito (Unacc) que engloba, a su vez, a los dos grupos antes citados. El hecho de que en las cooperativas, clientes y propietarios de las entidades sean las mismas personas supone un importante acicate para facilitar una medida que busca salidas menos traumáticas para las familias que no pueden hacer frente a las hipotecas. Las rurales, como Santander y Catalunya Caixa, alegan, aun así, que el contenido del código ya forma parte de las prácticas habituales que las entidades vienen realizando. Argumento que las asociaciones de afectados utilizan para señalar que la medida del Gobierno se queda corta.
