A fondo

Industria recoge los frutos del informe de la CNE

Cuando a principios de febrero el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, encargó a la Comisión de la Energía (CNE) un dictamen sobre "medidas de ajuste regulatorio" para atajar el déficit tarifario, muchos lo interpretaron como una maniobra dilatoria, en tanto el Ministerio de Industria elaboraba su reforma. Dado que el informe de la Comisión no sería vinculante, de coincidir con las medidas que el Gobierno quiere aplicar, estas gozarían del sustento institucional del dictamen del regulador energético; de lo contrario, bastaría con echarlo a la papelera.

Cuando a la CNE se le hizo la petición, ya tenía buena parte del trabajo hecho. Hace un año, el anterior consejo de administración presidido por Maite Costa y cuya vicepresidencia, por cierto, ocupaba el propio Marti, decidió elaborar un documento sobre reflexiones regulatorias que se publicaría antes del relevo de todos sus miembros, que concluyó en verano. Pero, lo que hubiese sido considerado el testamento de un consejo en disolución, no vio finalmente la luz.

Sin embargo, el pasado septiembre, el nuevo presidente, Alberto Lafuente, consideró necesario que se retomasen los trabajos, en este caso, con la vista puesta en la nueva etapa del Gobierno del Partido Popular, que, a buen seguro, se vería obligado a abordar una reforma para resolver la sangría de un déficit que supera ya los 23.000 millones de euros. Para dirigirlos, fueron designadas las consejeras Marina Serrano (ligada a anteriores Gobiernos del PP, pero que ocupa su actual cargo a propuesta del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ) y Teresa Baquedano (funcionaria de Industria, donde era, hasta su llegada al regulador, subdirectora de Energía Eléctrica).

De esta manera, cuando en febrero Industria solicitó su informe, el consejo optó por la continuidad y decidió que la ponencia la compartieran ambas consejeras. Para entonces, el consejo arrastraba el cisma provocado por las presiones ejercidas por Repsol en noviembre para que el regulador analizara el pacto accionarial entre Pemex y Sacyr, que reforzaba al grupo mexicano en su capital. Además, en pleno proceso de elaboración del dictamen, se ha conocido el proyecto de ley de fusión de los reguladores, que implicará la desaparición de la CNE (y, por tanto, de su consejo), cuyas funciones regulatorias pasarán, curiosamente, a la Secretaría de Energía. Tras más de una década como vicepresidente de la CNE, Marti se va a convertir en el heredero de la presidencia fantasma de los restos de un órgano cuyos poderes asume el ministerio (entre otros, la capacidad de veto de operaciones corporativas; las inspecciones o la potestad sancionadora).

Así la situación, los borradores del informe se fueron edulcorando, hasta incluir medidas poco audaces; regulatoriamente ortodoxas y de mucho menudeo para evitar disturbios. Se trataba, según distintas fuentes, de no molestar demasiado al Ministerio (al que Baquedano deberá volver cuando se elimine la CNE y que es del mismo color político de Marina Serrano) ni a las empresas. Como es conocido, en la recta final para su aprobación, Alberto Lafuente se desmarcó de un dictamen, que, en su opinión, no respondía a la petición del Gobierno de poner fin al déficit. Las propuestas (en su opinión, "insuficientes" y "poco realistas" porque se apoyan en los Presupuestos del Estado y los consumidores) solo lo palian en un 25%, según viene a señalar en el voto particular en el que justifica su abstención. Por primera vez en la historia de la Comisión, un presidente se ha quedado solo en una votación.

Pese a que el dictamen no incluye medidas contundentes de tipo fiscal ni la polémica quita de la deuda eléctrica, su publicación ha generado una agria polémica. La caída de la cotización el viernes de REE y de Enagás por la menor retribución que plantea un informe no vinculante, fue atribuida al mero hecho de su publicación por la Secretaría de Estado de Energía (el ministro, José Manuel Soria, hasta ahora tan locuaz, optó por quedarse al margen). ¿Esperaba acaso Fernando Marti que, de publicarse más tarde, las Bolsas no habrían reaccionado igual? ¿O es que pretendía que no se publicara hasta que el Gobierno apruebe las reformas, lo que vulneraría la ley? El secretario recoge ahora los frutos de lo que pretendía ser una medida dilatoria (así lo demuestra el tono de la nota de prensa del viernes, en la que subraya que el informe será solo "un elemento más de análisis", tras recordar que no es vinculante y señalar que no está de acuerdo con algunas de sus propuestas).

Y resulta también una clara moraleja para el Gobierno: ningunos de los sectores afectados admitirá recorte alguno. Basten como ejemplo las comunicaciones remitidas el fin de semana por Endesa, que ataca la propuesta de modificar a la baja la retribución de la distribución o las referidas a los sistemas extrapeninsulares que ella explota; por la asociación Protermosolar, que se opone a que se laminen en el tiempo el pago de las primas a la solar térmica o por Carbunión, que acusa a la CNE de desconocer el sector del carbón y de proponer reformas que encarecerán el sistema.

Pero subir las tarifas como única solución al problema, resulta del todo improbable, ya que para cubrir los casi 5.000 millones de déficit de tarifa que se prevén para este año, habría que incrementar los peajes de acceso por encima del 30%. Un cálculo en el que coinciden todos.