La partida para salarios supera lo presupuestado
Hay muchos motivos que explican el porqué las comunidades incumplieron nuevamente el objetivo de estabilidad de 2011, ejercicio en el que registraron un déficit del 2,94% del PIB frente al 1,3% exigido. Uno de ellos es el error a la hora de presupuestar los gastos. Las comunidades estimaron que desembolsarían 56.310 millones en salarios públicos el año pasado y, finalmente, destinaron a esta partida 57.377 millones. Es decir, 1.000 millones más de lo previsto. Sorprende que en un momento en que el sueldo de los empleados públicos se encuentra congelado, las comunidades no sean capaces de calibrar con mayor exactitud cuánto destinarán a pagar las nóminas. En cualquier caso, si se tiene en cuenta el conjunto de operaciones no financieras, el gasto de las comunidades se redujo en 3.000 millones respecto a lo presupuestado. Esa es la cifra exacta de los recortes aplicados. Sin embargo, las regiones fueron demasiado optimistas en sus previsiones de ingresos. Contaban con recaudar 137.950 millones y lograron 126.110 millones. Un error de cálculo de casi 12.000 millones de euros.
La falta de tino es especialmente grave en el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dos tributos que gravan la compraventa de vivienda y la formalización de hipotecas. Las regiones vaticinaron que ingresarían por ambos impuestos 9.256 millones de euros en un momento en que ya se sabía que el declive inmobiliario todavía no había tocado suelo. Finalmente, recaudaron 3.000 millones menos de lo previsto. Inflar las previsiones de ingresos es una medida que permite, a su vez, dar cobertura presupuestaria a un mayor volumen de gasto.