Los expertos apuntan para cuadrar las cuentas al IVA y a copago en sanidad y justicia
La mitad de los expertos avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública como medidas fiscales de urgencia para rebajar el abultado déficit español. Esa es la principal conclusión que se puede extraer del último Consenso Económico elaborado por PwC, correspondiente al primer trimestre de 2012, para el que se ha consultado a 114 analistas del mundo empresarial.
Otras dos herramientas que, a su juicio, podrían servir para cuadrar el desfase entre ingresos y gastos serían la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades, una decisión avalada por el 69% de las respuestas, y la introducción de un copago en la Justicia, con un 60,8%. Esta última propuesta ya fue avanzada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en su primera comparecencia en el Congreso.
Las iniciativas más valoradas por los expertos, sin embargo, se centran en la reducción de los gastos de gestión de las Administraciones públicas, con una unanimidad rotunda (un 97,9% del total) y en la congelación de los salarios públicos y de la oferta pública de empleo público, con un 83% de las respuestas.
En plena pugna entre la Unión Europea y el Ejecutivo español para conocer cuál debe ser el objetivo de déficit para este ejercicio, el 92% de los expertos considera que las autoridades comunitarias deberían suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión todavía "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.
Asimismo, una gran mayoría de los analistas (89%) coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.
Pero los problemas no solo se concentran en el sector público. Un 70,8% de los expertos cree que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado, porcentaje que baja hasta el 33% en el caso de las Administraciones públicas. Dos de cada tres expertos apuntan a las autonomías como responsables del desvío del déficit.