El Gobierno recupera los poderes para vetar operaciones corporativas
La potestad que tiene la CNE para autorizar operaciones de concentración en sectores regulados o estratégicos pasará al Ministerio de Industria, que también fijará las tarifas de interconexión telefónica. Así lo establece el proyecto de ley de fusión de los reguladores (CNE y CMT), que vacía también parte de las funciones de Competencia.
El Gobierno ha remitido el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su dictamen a los propios organismos reguladores que esta norma hará desaparecer: el de la energía (CNE); el de las telecomunicaciones (CMT) y la autoridad de la Competencia (CNC), que se extinguirán en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
El texto, al que ha tenido acceso CincoDías, supone la eliminación de estos tres organismos y de otros cinco reguladores: el del sector postal; el del juego; el audiovisual; el ferroviario y el aeroportuario, los cuales, salvo el primero, no funcionaban aún. Todos ellos o, mejor dicho, sus restos, pasan a depender de la CNMC. Para las escasas funciones que le quedarán de los mismos, se crearán varias direcciones, limitadas a labores de supervisión o estrictamente a las regulatorias que exigen las normas comunitarias (en energía, proponer la metodología de los peajes energéticos).
Aunque la nueva comisión estará adscrita al Ministerio de Economía, que recupera la investigación de prácticas contrarias a la libre competencia y será el encargado de abrir expedientes (una labor que ejerce ahora la CNC), la potestad regulatoria del resto de organismos pasa a los ministerios a los que estaban adscritos, por lo que, según diversas fuentes, la independencia en las actuaciones queda en entredicho.
En el caso del Ministerio de Industria, este refuerza de manera relevante sus poderes al asumir las competencias regulatorias de los dos organismos sectoriales más importantes: la Comisión de la Energía y la de Telecomunicaciones (también con el Consejo Audiovisual).
En el ámbito energético, por tanto, este ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, tendrá potestad para autorizar (o vetar) la compra de participaciones de empresas (o por empresas) con actividades reguladas (distribución y transporte de gas o electricidad) o activos que la actual legislación considera estratégicos, como es el caso de los gasoductos internacionales, las centrales nucleares o las de carbón nacional.
Se trata de la llamada función 14 que ejercía la CNE y cuya aplicación en operaciones corporativas, como las opas sobre Endesa, fue muy polémica. Además, el ministerio que dirige José Manuel Soria (que aprueba las tarifas eléctricas) asumirá la labor de inspección en todos los sectores energéticos; la liquidación de los ingresos del sistema eléctrico y del gas, así como la apertura de expedientes sancionadores que sean competencia del Estado y de coordinar las reclamaciones.
También la asunción de las funciones de la CMT por este departamento se considera especialmente grave, ya que (esto no ocurre con la CNE) es la que fija los precios de interconexión del sector. La futura ley otorga a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones esta potestad y casi todas las de la CMT: el registro de operadoras; imponer obligaciones a las compañías sobre el acceso a las redes o determinar si las cargas de la prestación del servicios universal son justificadas.
¿Despidos?
Una de las incógnitas de la reforma es qué ocurrirá con los empleados: 147 en la CMT (con sede en Barcelona); 220 en la CNE y 183 en la CNC.Según el texto, los funcionarios que prestan servicios en ellos pasarán a la nueva CNMC o la Administración, aplicando procedimientos de movilidad.El personal laboral se integrará en la nueva CNMC, si bien, al quedar sin parte de las funciones de Competencia (la investigación), los puestos de trabajo peligran.