Las comunidades quieren a los parados en tareas de jardinería o de apoyo a mayores

Las comunidades autónomas ya buscan nichos de trabajo para los parados y encuentran en los espacios públicos y la asistencia a mayores un buen sitio. Sin embargo aún no tienen certeza del planteamiento realizado por el Ministerio de Empleo para firmar convenios que incluyan a los desempleados en labores sociales.

El Gobierno ha anunciado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo que promoverá a las comunidades autonómicas la posibilidad de firmar convenios para que los parados practiquen servicios sociales en sus comunidades. La mayoría de las comunidades han destacado la medida pero no saben cómo se va a instrumentar.

Sin las reglas claras aún, varias comunidades ya han anticipado su interés por plegarse a la propuesta. Observan con buenos ojos que los parados que no estén realizando cursos de formación se sumen a labores administrativas, de mantenimiento de espacios públicos y jardinería, infraestructura, apoyo a los mayores, entre otras tareas dependiendo de la capacidad del desempleado.

Algunas comunidades encuentran que la propuesta se podrá traducir en un "incentivo" para que los parados se inserten en el mundo del trabajo y contribuyan a la comunidad donde viven.

La medida no es nueva, está incluida en la Ley General de Seguridad Social. La norma establece que se pueden realizar trabajos de "colaboración social" en tareas que sean de utilidad social y que redunden en un beneficio a la comunidad siempre que sean temporales y que coincida con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.

Las pautas específicas que regularán la propuesta serán evaluadas durante el trámite parlamentario y por lo tanto serán definidas en un par de meses más. La incertidumbre del detalle de la regulación es generalizada entre las comunidades aunque algunas aventuran que los parados podrán realizar tareas de las más variadas.

La medida no supone que los 5,2 millones de parados que hay en España se vuelquen a trabajar para las comunidades por eso se deberá fijar a quienes alcanza la norma. La única restricción que ha anunciado la ministra Fátima Bañez es que realizarán trabajos sociales quienes no estén incluidos en cursos de formación. El resto es incertidumbre.

La reglamentación deberá definir si serán incluidos los parados que reciban prestación y subsidio o sólo un grupo de ellos, y por cuánto tiempo se realizarán estas labores. También se deberá establecer si tendrá carácter obligatorio y qué sanciones le aplicarían a quienes se nieguen a realizar los trabajos sociales.

El director de Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, Ginés Martínez, ha valorado el planteamiento por "mantener a personas desempleadas que no tienen acceso a otros recursos de política de empleo, en un contexto laboral y productivo. Que no desconecten del mundo del trabajo puede ser muy incentivador, se pueden ofrecer posibilidades en el proceso de inserción".

Ante las dudas generadas respecto de la posible sustitución de empleados por parados, Martínez ha señalado que "se va a utilizar con la seriedad y el rigor que merecen las medidas, las personas y las políticas. Va a ser orientada a la mejora de la empleabilidad y no para ningún otro uso perverso".

En este sentido, el consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias, José Manuel Rivero, ha señalado que "se necesita una instrumentalización adecuada para que ese tipo de actividad no se solape o perjudique al mercado laboral. Es algo que puede servir simultáneamente para paliar problemas de cobertura de determinados sectores, como la Dependencia, y puede contribuir a que determinados parados de larga duración tengan una recompensa en cuanto a que pueden tener una actividad que redunda para un fin social", ha dicho.

Por su parte, el director general de Política Social y de Consumo de Navarra, Javier Monzón, ha apelado a la retribución a la comunidad al afirmar que la medida "es una forma de normalizar la situación, que la persona se sienta más útil a la sociedad, que no se sienta deudora".

En Navarra se ha aprobado en enero una ley Foral (que aún no se comenzó a aplicar) en la que se incorpora de manera obligatoria a los beneficiarios sociales a participar en actividades de cooperación, servicios de voluntariado y otro tipo de actividades en beneficio de la sociedad.

También la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, ha destacado que esta iniciativa puede vincular las políticas activas y pasivas de empleo. "Es una fórmula con la que se puede contribuir a que las personas que tienen una prestación colaboren con la sociedad".

Otros consejeros de empleo han destacado su apoyo a la medida aunque reconocen que no se sabe cómo se va a concretar y esperan el llamado del Ministerio para debatir la reglamentación.