Los notarios impedirán que el banco embargue un piso por menos del 60% del valor
El Consejo General del Notariado aprobó este fin de semana una circular por la que garantiza que el proceso extra judicial de un embargo se salde con las mismas garantías para el ciudadano que el que tiene lugar ante un juez. En concreto, los notarios se comprometen a impedir que una entidad se adjudique una vivienda por menos del 60% de su valor.
El código de buenas prácticas en los desahucios inmobiliarios que realice la banca irá acompañada de un decreto ley que modificará los procesos de subasta de viviendas embargadas. La norma tratará de aumentar la transparencia de estos procesos, aumentar la afluencia de postores facilitando su acceso online y potenciando las vías extrajudiciales. Estas últimas, han asegurado los notarios, contarán con las mismas garantías para el ciudadano que los procesos que dependan de un juez.
Así lo ratificaba el Consejo General del Notariado en sus sesión plenaria del sábado. El organismo emitió una circular en el que asegura que "peses a las dudas suscitadas por las diferencias legales" entre la vía judicial y la extrajudicial, "los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias".
La principal defensa de estas garantías se materializará en el hecho de que la entidad que embargue la vivienda no podrá adjudicarsela por menos del 60% de su valor. El mismo porcentaje que impone un juez por ley. Este porcentaje fue elevado el pasado ejercicio del 50% al 60%.
La importancia de esta cifra radica en que hoy por hoy -aunque el Gobierno busca cambiar eso- la falta de postores en las subastas de viviendas embargadas, suele ser la entidad quien termine quedándose el inmueble. El procedimiento judicial, y ahora también el compromiso de los notarios, establece que el banco o caja tendrá que pagar, al menos, un 60% del valor de la vivienda, por lo que el afectado por el embargo solo tendrá que hacer frente al saldo de deuda restante, descontando también los pagos que ya haya realizado.
El compromiso de los notarios facilita, además, la conformidad de los usuarios con este procedimiento extra judicial, que el Gobierno quiere priorizar para descargar de trabajo a los juzgados y significará una nueva fuente de ingresos al colectivo de notarios.