Fernando Jiménez Latorre. Secretario de Estado de Economía

"La banca tardará cinco años en vender su stock de casas"

Este experto en competencia, de 55 años, vuelve al Ministerio de Economía, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Encima de su mesa tiene alguno de los problemas más acuciantes para España, como la reforma del sector bancario.

"La banca tardará cinco años en vender su stock de casas"
"La banca tardará cinco años en vender su stock de casas"

Fernando Jiménez Latorre (Madrid, 1957) encara los días más frenéticos de su carrera profesional. Cuando dejó el Ministerio de Economía en 2004 era director general de Competencia, su especialidad. Entonces, el PIB crecía a un ritmo del 4% y la tasa de paro estaba en mínimos históricos. Ahora se estrena en el cargo con una incipiente recesión (la segunda en tres años), cinco millones de parados y una inestable situación en la zona euro. En esta primera entrevista desde su vuelta a Economía desgrana alguna de las prioridades del ministerio, como son la recuperación de la confianza hacia la banca y las medidas para aliviar la situación de proveedores y familias en riesgo de desahucio.

Uno de los principales objetivos de la reforma financiera es conseguir abaratar el precio de la vivienda. ¿Han detectado ya algún indicio de que el mercado empiece a moverse?

Como es tan reciente, aún no se puede evaluar. Los precios tardan un tiempo en ajustarse. La lógica del proceso tendría que provocar ese efecto al valorar ya los inmuebles a su precio real.

¿Cuánto tiempo va a tardar la banca en vender su stock inmobiliario?

El proceso depende de la mejora de la gestión y de las medidas de reestructuración que la banca adopte para deshacerse de su cartera inmobiliaria. También de que la demanda se reactive. Me parece razonable pensar que la banca puede tardar unos cinco años en desprenderse de toda su cartera inmobiliaria.

¿Considera que hubo una mala tasación por parte de los bancos?

La corrección de precios en el sector inmobiliario cogió a todo el mundo por sorpresa.

Dentro del plan para evitar desahucios está previsto que los bancos asuman parte de la depreciación de los pisos cuando se produzca un embargo. ¿Qué proporción de esa devaluación les corresponderá?

Aún tenemos que concretar cuál será el reparto de la carga de la depreciación de una vivienda que servía como garantía, pero tenemos claro que la banca tendrá que asumir un porcentaje.

¿Qué incentivos tiene la banca para sumarse al proyecto?

Aparte de ayudar en situaciones tan extremas, las entidades podrán deducirse fiscalmente los gastos en que incurran al posponer el desahucio. También se está hablando con Hacienda para comprobar si hay otros costes fiscales que puedan ser deducibles. Se ha creado un grupo de trabajo para resolver todos los flecos.

¿Cree que todas las entidades van a suscribir voluntariamente el código de buenas prácticas?

La idea es que la suscripción del código sea voluntaria. Pero quien no lo adopte tendrá que justificar ante la opinión pública por qué no lo ha hecho. Será muy notorio si un banco se desmarca.

¿Se va a aprovechar esta medida para fomentar más el alquiler?

Sí. La idea es retrasar lo más posible el desahucio. Si pasado un plazo prudencial la familia no encuentra trabajo, se promoverá que, tras la ejecución hipotecaria, pueda seguir viviendo en su casa, a través del alquiler de la vivienda, hasta que normalice su situación.

¿Está previsto que el ICO participe como avalista en estos procesos?

No. Ya se puso en marcha una línea ICO para ayudar a personas hipotecadas, pero no funcionó. Así que no vamos a repetir medidas ineficaces.

¿Cuántas entidades financieras quedarán una vez que finalice la reforma financiera?

Unas 12. Ahora lo que está sucediendo es que hay entidades no viables que están perjudicando a las que sí lo son. De cualquier forma es muy difícil ahora decir cuántas van a quedar.

¿Habrá una merma de la competencia al desaparecer tantos bancos y cajas en poco tiempo?

No creo que el nivel de competencia se vea limitado en el sector bancario, ni que pueda crearse un oligopolio. Al revés, la desaparición de entidades débiles, que deterioran la imagen del sector, mejorará la competencia. Los grupos más sólidos tienen mayor capacidad para competir.

¿Se habrá completado en junio el nuevo mapa financiero?

Sí. Hay un calendario muy ajustado. El 31 de marzo las entidades tienen que explicar cómo van a cumplir con los nuevos requisitos de capital y de provisiones y el 31 de mayo deben presentar sus propuestas de consolidación.

¿Es lógico que las cajas que han recibido ayudas pujen por otra entidad intervenida? El mercado no lo acepta, tampoco el BCE.

El Banco de España va a someter a las entidades que quieran fusionarse a un test muy estricto, que atenderá a la viabilidad del negocio. Lo que está claro es que si la entidad ha necesitado ayudas es que muy holgada no estaba, con lo que tendría que valorar si entrar en una aventura de redimensionamiento.

BMN o Cívica o Bankia, las tres con ayudas públicas... ¿podrían presentarse a la puja que se está llevando a cabo por Banco de Valencia?

Ellas tendrán que valorar si, efectivamente, el grupo resultante puede presentar un proyecto viable. No tiene mucho sentido pretender llevar a cabo una consolidación sin una garantía de que la nueva entidad podrá ser autónoma para autofinanciarse y para desarrollar su actividad.

¿Las entidades tienen que tener algún tamaño determinado para considerar si tienen o no que fusionarse?

No. Pueden existir perfectamente entidades pequeñas viables.

La limitación del salario de los directivos en las cajas que han recibido ayudas, ¿puede provocar la fuga de talento de estas entidades?

En este asunto hay que apelar a la moral de las personas. Deben reconocer que no sería fácil de justificar que los grupos que han recibido apoyo público tengan el mismo nivel de retribución que aquellos que no lo han tenido. Además, hay que tener en cuenta que las condiciones salariales han cambiado en todo el mercado. En todo caso, si el directivo tiene talento conseguirá devolver la ayuda y no tendrá limitaciones en los incentivos variables.

¿Conseguirá la reforma financiera que vuelva a fluir el crédito?

Primero hay que disipar las dudas sobre la valoración de los activos de la banca y las derivadas de la debilidad de algunas entidades. Todo ello facilitará el acceso de las entidades a los mercados mayoristas. Ya ha habido alguna emisión exitosa. De esta forma se están poniendo las condiciones para que, cuando se recupere la demanda crediticia, las entidades estén preparadas para cubrirla.

¿Cómo se puede explicar que la banca esté obteniendo financiación abundante y barata en el BCE y, pese a ello, el crédito no llegue a la economía real?

Hay un problema de oferta y otro de demanda. En la medida en que la banca pueda financiarse en el mercado mayorista podrán conceder más créditos, pero también tiene que haber una demanda solvente. La reforma lo que garantiza es que, cuando se den estas condiciones, no habrá restricciones. Pese a todo, es posible que ya haya algo de demanda insatisfecha que haya encontrado financiación.

¿Qué esperan de la próxima subasta masiva de liquidez, que tendrá lugar el miércoles?

Va a suponer una inyección importante de liquidez para el sector financiero que, a la fuerza, tendrá que canalizarla a la economía real. Al coincidir con la mejora de la confianza, se facilitará que ese trasvase se produzca.

¿Qué diferencia va a haber con la anterior subasta?

Esta operación va a ser muy importante para involucrar a la banca en el programa para que los ayuntamientos paguen a sus proveedores. Las entidades pueden utilizar esa liquidez para que llegue financiación a corporaciones municipales. En todo caso, los ayuntamientos deben aplicar los ajustes correspondientes e informar de sus deudas con los proveedores. Esto es lo esencial.

¿Cree que con la segunda oleada de fusiones bancarias podría entrar capital extranjero?

En España no existe ninguna restricción a la inversión extranjera, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, yo no esperaría una entrada de capital foráneo significativa para hacerse con entidades ni con una cartera inmobiliaria importante. Los inversores aún consideran más atractivos otros mercados, pensando en rentabilidades de corto. La inversión en España tiene que basarse en el medio y largo plazo.

Entonces, ¿no cree que Novagalicia pueda llegar a recibir al final capital internacional como espera su presidente, José María Castellano?

Si alguien consigue atraer capital extranjero, bienvenido sea.

¿Habrá más intervenciones?

Esperemos que no.

¿Les preocupa la situación que se está viviendo en el seno de Bankia?

El Gobierno no va a entrar a valorar las relaciones entre socios de un grupo.

¿Van a tomar alguna iniciativa para dar respuesta a los pequeños inversores que se sienten estafados por haber comprado preferentes?

Es competencia de la CNMV supervisar la comercialización de este tipo de productos. Por ahora, no está previsto ningún cambio legislativo, aunque sí que se está hablando de cómo facilitar un mercado secundario para dar liquidez a estos títulos.

¿Por qué se descartó poner en marcha un banco malo?

Fue cuestión de coste y efectividad. Se analizó cómo había funcionado en otros países y concluimos que no estaba demostrado que fuera la mejor solución para el tema inmobiliario.

¿Cuándo volverá a ser la banca española la más solvente del mundo, como se decía hace años?

La banca española ya está bien capitalizada y cumple con todos los requisitos. La evolución del negocio depende de la coyuntura económica. En la medida en que la coyuntura internacional mejore, la actividad en España se recuperará y el sector bancario mejorará. Además, las reformas estructurales necesitan tiempo para rendir efectos. Ahora estamos en una perspectiva muy compleja.

¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses?

Las previsiones que tenemos para el trimestre actual son negativas. Vamos a una continuidad de la caída con un poco más de intensidad que el trimestre anterior. La Comisión ha sacado sus previsiones para Europa y se apunta a un cambio de tendencia a mediados de año. Para España dibuja unos perfiles de inflexión en la segunda mitad del año, pero habrá que esperar un poco más porque no incorpora los ajustes fiscales necesarios para sanear las cuentas públicas y esto puede retrasar un poco la recuperación.

¿Cómo va a articularse el plan del Gobierno para que los acreedores de los ayuntamientos cobren las facturas pendientes?

En primer lugar, las corporaciones estarán obligadas a identificar las deudas, lo que a su vez permitirá diseñar el mecanismo de financiación. Después, hay que comprobar que las entidades locales son capaces de hacer frente a la operación. Al igual que en la refinanciación de los Estados, se necesita un plan de viabilidad. La idea del Gobierno es involucrar también a las entidades financieras.

¿Por qué no se llegó a concretar el programa en el último Consejo de Ministros, el viernes pasado?

El diseño de esta solución requiere tiempo, por su magnitud y complejidad, y la participación de las entidades no se consigue fácilmente. Solamente las deudas con proveedores de ayuntamientos ascienden a cerca de 20.000 millones y tiene que haber las garantías suficientes de que los ayuntamientos van a poder hacer frente a la financiación que se les conceda.

"La caída del PIB no es solo un problema español"

¿Cómo recibió el Gobierno las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea para España, que predicen una caída del PIB del 1% en 2012?

Si no se toman medidas adicionales, esas son las perspectivas de crecimiento. No contrastaría la caída del 1,5% que dio el Banco de España con el 1% que da la Comisión. Serían comparables en términos homogéneos. Son un poco más negativas que el Banco de España porque también ha tenido más información para elaborarlas, como la EPA de diciembre y el dato de afiliación de enero. El Banco de España estimaba el 1,5% consiguiendo el 4,4% de déficit. La pregunta que hay que hacer es cuánto darían las previsiones de la Comisión si se incorpora el ajuste fiscal que hay que hacer.

¿No es chocante que el argumento para no haber aprobado los Presupuestos sea que había que esperar la previsión de crecimiento de España y que ahora la Comisión diga que la cifra es provisional?

No ha habido retraso en la presentación de los Presupuestos. Al contrario, se han puesto en marcha de forma rápida y se van a aprobar dentro del calendario comprometido; es decir, a finales de marzo. La llama así [provisional], porque no incluye el conjunto del cuadro macro.

El comisario de Economía ha dejado la puerta abierta a marcar nuevos objetivos de déficit. ¿Lo da por descontado el Gobierno?

Esa es la respuesta racional. No es lo mismo comprometerte a un objetivo de déficit con una previsión de crecimiento del 2,3% que hacerlo con una caída del PIB de entorno al 1,5%. Si en un contexto de recesión pretendes hacer un ajuste fiscal de esa magnitud, le estás dando a la política fiscal un impulso procíclico que no es muy racional. Esta problemática no es solo de España, la caída de la actividad está bastante extendida. Estamos planteando cumplir los objetivos de déficit estructural comprometidos en el Programa de Estabilidad español, lo cual es un esfuerzo fiscal muy importante. Tieneuna buena defensa y unabuena racionalidad.

Ahora se inicia el semestre europeo para el diseño de las políticas económicas y, en ese contexto, se valorarán las políticas económicas de los Estados miembros.

¿En qué medidas de estímulo concretas está pensando su departamento?

Los estímulos solo pueden venir por la vía de las reformas estructurales. Se han hecho dos importantísimas en el sistema financiero y en el mercado de trabajo. Otras están en marcha, la de los Organismos Reguladores, la Ley de Emprendedores, etc. Sobre esta última vamos a ver qué incentivos y supresión de barreras administrativas, o de otro tipo, se pueden conseguir para el nacimiento y desarrollo de las pymes. Estamos trabajando sobre esta y otras reformas.

Luis de Guindos avanzó hace unos días en el Congreso de los Diputados la posibilidad de emitir los hispabonos, deuda autonómica avalada por el Tesoro y el ICO.

Las comunidades autónomas tienen dificultades relevantes de financiación y refinanciación. Se aprobó la línea ICO de refinanciación para hacer frente a vencimientos de estos primeros meses. Para la solución definitiva es donde encaja esta solución más estructural. Los mercados de capitales valoran el tamaño porque eso da liquidez, es más barato. Hay muchas economías de escala si se va a una emisión conjunta, en torno a 1.000 millones de euros al año. Y eso es lo que se está estudiando en el ministerio.