Piden que se excluya a las empresas de albañilería

Los inspectores proponen restringir la tributación por módulos

La rebaja y flexibilización de la tributación por módulos anunciada por el Gobierno ha hecho sonar las alarmas de los inspectores de Hacienda, que alertan del riesgo de fraude de este sistema fiscal que aplican unos 600.000 autónomos.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, trabaja en un plan para rebajar un 5% la tributación por módulos y en una reforma que permita a los autónomos y pequeños empresarios flexibilizar el sistema de tributación. Actualmente, un autónomo puede optar por tributar por estimación objetiva (módulos) o directa. En el primer caso, los ingresos se pagan en función de variables objetivas como los metros cuadrados del negocio, la electricidad consumida o el número de trabajadores. En el segundo modelo, se tributa en función de los beneficios reales. Un empresario puede elegir la forma de tributación, sin embargo, no puede cambiar de modelo hasta pasado tres años.

El Ejecutivo planea que se puede optar cada año por un sistema u otro. Los inspectores de Hacienda entienden que si ello se lleva a cabo, también debería reforzarse la lucha fiscal en la tributación por módulos, "un nido de facturas falsas".

En este sentido, reclaman que se prohíba acceder al sistema de módulos a las empresas de albañilería o del transporte de mercancías, nichos en los que "se detecta que existe un volumen relevante de facturación irregular".

Además, reclaman que las empresas que facturan más de 100.000 euros no pueden acceder a la tributación por módulos, umbral que actualmente está fijado en 450.000 euros. La prohibición se extendería, según la reforma que proponen los inspectores, a toda compañía que facture más de un 20% de su cifra de negocio a otras empresas o profesionales. Con ello, se trata de evitar una clásica forma de fraude que consiste en que el modulero emite una factura falsa a otro empresario para que este se pueda deducir un IVA y reducir el impuesto sobre sociedades. "Un sólo emisor de facturas falsas, en el límite de 450.000 euros, puede ocasionar un quebranto a las arcas públicas del 48% (216.000 euros), más de 20 veces la cantidad ingresada por cada empresario honesto en el régimen de módulos.