La banca aprovechará la liquidez del BCE para pagar a proveedores públicos
Las entidades españolas podrían aprovechar la liquidez que capten en la próxima subasta del Banco Central Europeo (BCE) del día 29 de febrero para participar en la operación financiera que diseña el Gobierno para poner a cero la deuda de las Administraciones con sus proveedores, según apuntan fuentes financieras.
El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros una operativa financiera para que los proveedores de las Administraciones públicas puedan cobrar todas las facturas pendientes, una cantidad que asciende a unos 30.000 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el ICO y un consorcio de bancos aportarán la liquidez necesaria para liquidar la deuda, una operación que en su mayor parte no incrementará el déficit público, salvo la cantidad equivalente a las facturas que no estuvieran contabilizadas hasta ahora.
Según fuentes financieras, las entidades participantes en la operación aprovecharán la liquidez que capten en la próxima subasta del BCE del 29 de febrero para destinar esos recursos a financiar a las Administraciones para que estas liquiden sus deudas con proveedores. En la anterior subasta, del 21 de diciembre, los bancos europeos captaron 489.100 millones a tres años. A pesar de que la participación de entidades españolas en esta cifra fue muy elevada, esta liquidez no se trasladó a la economía productiva a través de créditos a empresas y familias.
Acabar con la morosidad
Al Gobierno no le está siendo fácil conseguir convencer a la banca para que participe en esta operación, ya que el sector financiero quiere asegurar unos niveles de solvencia y rentabilidad. Se trata de movilizar una gran cantidad de recursos y atajar el principal foco de destrucción de tejido empresarial, como es la morosidad de las Administraciones.
El Gobierno se ha empleado a fondo para cerrar los detalles de este nuevo instrumento financiero. Otras fuentes apuntan que las negociaciones con la banca están siendo muy duras porque esta estaría planteando tipos de interés del 7% y plazos de devolución de tres años sin carencia. Estas condiciones serían aún más exigentes que las aplicadas en líneas del ICO que ya han fracasado en los últimos tiempos. Sería imposible que numerosos entes territoriales pudieran afrontar estas condiciones.
Montoro ha apuntado que el plan requiere la colaboración de las entidades financieras, que tendrán que habilitar recursos materiales y humanos para habilitar los pagos a los acreedores. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que la movilización de estos recursos para pagar facturas tendrá "una gran importancia", ya que hay "multitud" de pymes y autónomos al borde de la quiebra porque no logran cobrar de las Administraciones públicas.
Cobrar facturas atrasadas a cambio de una quita
Acogerse a esta línea de pago de facturas atrasadas puede suponer para los acreedores tener que aceptar una quita, ya que renunciarían a los intereses de demora. Si se eleva la deuda comercial de las Administraciones hasta los 40.000 millones de euros, como baraja el sector, los intereses por el retraso en el pago ascendería a unos 3.000 millones de euros, que dejarían de cobran los acreedores del sector público.La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) lamenta, a la espera de conocer los detalles de la operación, que finalmente esta pueda suponer una quita. Según las cifras de la patronal de las grandes constructoras Seopan, a cierre de 2010 la deuda viva del sector público con las empresas era de 22.300 millones de euros, de los cuales está vencida y en mora 15.049 millones.
