Con motivo de un consejo de dirección

Escalada de presión del Gobierno argentino sobre YPF

El Gobierno argentino ha dado hoy un paso más en su presión sobre la petrolera YPF, controlada por Repsol, con el intento, frustrado, de incluir a funcionarios del Ejecutivo en la reunión del consejo de dirección de la compañía.

El subsecretario de Coordinación de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, miembro del directorio, se presentó en la sede de la petrolera acompañado de tres altos cargos del Gobierno y una notaria.

El objetivo era que los tres funcionarios kirchneristas participaran de la reunión encabezada por el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y el vicepresidente ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi.

Se trata del secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kiciloff, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario Legal del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens.

Fuentes de la petrolera consultadas por Efe confirmaron que, en cumplimiento de los estatutos de la empresa, se comunicó a los funcionarios que sólo podría participar Baratta, único representante del Estado en el directorio de YPF, mientras que el resto fue invitado a tener una reunión posterior con Eskenazi y Brufau, quien por segunda vez en el mes ha viajado a Argentina.

Pero los cuatro funcionarios optaron por pedir el levantamiento de un acta a la notaria y retirarse de la sede de YPF, en medio de advertencias a la petrolera, la mayor de Argentina.

Kicillof, viceministro de Economía y miembro de la ascendente agrupación kirchnerista La Cámpora, dijo tras retirarse que YPF "deberá dar explicaciones" por este asunto, que "ahora va a tomar carriles legales".

"Habría que ver qué respuestas no le podían dar al secretario de Energía y al viceministro de Economía, qué tema oscuro iban a tratar por el cual no podían participar estos funcionarios", dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido.

El incidente de hoy suma un peldaño a la escalada de tensión entre el Gobierno y la petrolera, que controla Repsol, con el 57,43 % de las acciones, pero cuya gestión está a cargo del grupo argentino Petersen (25,46 %).

Las autoridades argentinas responsabilizan a la empresa por los problemas de abastecimiento de combustible, la caída en la producción y la falta de inversiones, pese a que YPF duplicó sus inversiones en Argentina el pasado año en exploración y refino.

"Argentina tiene que importar gasóleo y las exportaciones de nafta son cada vez menores, por lo tanto la ecuación no cierra. Los precios para la extracción están congelados, por lo tanto no hay incentivos para las petroleras. Aun así YPF ha aumentado sus inversiones", dijo a Efe Fausto Spotorno, economista jefe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.

Quita de incentivos, amenazas de multa y sanciones a YPF por parte del Fisco se han sucedido desde el inicio de este año, con una pérdida en el valor de la acción de la petrolera que acumula desde entonces casi un 5 %.

"El Gobierno presiona a YPF, le echa la culpa por la falta de combustibles, pero mantiene una estructura de precios en el sector que está bien para cubrir los costos operativos pero no para hacer nuevas inversiones", dijo Spotorno.

En el sector circulan rumores nunca confirmados ni desmentidos de una posible nacionalización de la empresa por parte del Estado, actual titular del 0,02 % de las acciones de YPF pero con derecho a participar en las decisiones del consejo de dirección y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.

Según Spotorno, Argentina no tiene el dinero suficiente para comprar YPF.

"A menos que haga una nacionalización al estilo de (el presidente venezolano) Hugo Chávez y la compre emitiendo bonos", apuntó.

Según el último balance disponible, YPF tiene activos por valor de 52.861 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) y un patrimonio neto de 20.763 millones de pesos (3.570 millones de euros).