El código de buenas prácticas demoraría en dos años los embargos hipotecarios

El Gobierno insta a la banca a asumir parte de la devaluación de los pisos en los desahucios

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado hoy la creación de un código de buenas prácticas para la banca que ayude a paliar las dificultades de las familias cuyas viviendas sean embargadas. Este código instaría a la banca a asumir parte de la devaluación de los inmuebles, a demorar en dos años el desahucio o a marcar un umbral de exclusión a partir del cual no se les cobraría la deuda pendiente.

La interpelación efectuada hoy por IU-ICV en el Congreso de los Diputados reclamando la implantación de la dación en pago (la entrega de la vivienda como condición única para cancelar la deuda hipotecaria) ha dado pie al ministro de Economía, Luis de Guindos, a detallar su plan de actuación sobre embargos hipotecarios.

La intención del Ejecutivo es establecer un umbral de exclusión a partir del cual las entidades no puedan reclamar a las familias la deuda hipotecaria pendiente, y solo les será exigida la vivienda en sí. Entre las condiciones que conformarían a este grupo, ha ejemplificado Guindos, se daría el hecho de que la vivienda en cuestión sea la residencia familiar, que todos los miembros del núcleo se encuentren en situación de desempleo y que la renta de la que dispongan no sea suficiente para hacer frente al pago del crédito.

Para ello, Economía trabaja en la redacción de un código de buenas prácticas para la banca en el que, además, se instaría a esta a hacerse cargo de parte de la devaluación de los inmuebles en caso de ejecución hipotecaria. "Si han tasado un activo en 100 para dar 80, y luego el activo vale 50", ha ilustrado el ministro, la entidad tendría que hacerse responsable en parte de esta depreciación en lugar de imputarle todo el montante de la diferencia al deudor.

Otra medida aconsejable, ha señalado, sería aplicar un periodo de moratoria entre la decisión de embargar el inmueble y el momento del desalojo, para no dejar en la calle a las familias situadas en el citado umbral de exclusión. El plazo, ha argumentado Guindos, podría ser de dos años y, a cambio, la entidad podría pactar el pago de algún tipo de renta por parte de los afectados.

Transparencia y pago de intereses

Economía también se ha comprometido a trabajar en la mejora y transparencia del sistema de subastas hipotecarias. Hasta el momento, la escasa asistencia de pujantes hace que, por regla general, sea la propia entidad quien se adjudica el inmueble por un mínimo del 60% de su valor. La idea es que si estos procesos se publicitan y facilitan la asistencia online, una mayor competencia eleve los precios de venta. La práctica habitual es que el banco descuente de la deuda hipotecaria el precio obtenido en subasta y reclame el resto a su cliente.

Por otra parte, Guindos ha invitado a estudiar si no sería conveniente que en el caso del embargo de una vivienda, los pagos realizados hasta la fecha, o al menos una parte, no se dediquen a cubrir los intereses -como suele ocurrir en los primeros años de una hipoteca- sino el principal del capital.

Desde ICV-IU se ha criticado con fuerza que el Gobierno limite su iniciativa en este campo a la firma de un "código de buenas prácticas" con la banca, en lugar de llevar a cabo cambios legislativos que obliguen a las entidades a cumplir estas nuevas medidas.