Las 'telecos' usarán la sentencia del Constitucional en litigios abiertos
Las operadores esperan que la sentencia del Tribunal Constitucional -que declara inconstitucionales aspectos de la Ley de Castilla-La Mancha referentes a la potencia de emisión de las señales- contribuya a terminar con la inseguridad jurídica que se vive en este ámbito. Además, confían en que facilite los despliegues.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por el Gobierno central en 2002, presidido entonces por José María Aznar, contra la Ley de Castilla-La Mancha de reordenación de las instalaciones de radiocomunicación de 2001, presidida por José Bono, va a tener consecuencias para el sector. Especialmente porque se declaraban inconstitucionales varios apartados (del artículo 7 y el artículo 19.2) en los que se obligaba a las operadoras a que incorporasen las mejoras tecnológicas para reducir los niveles de emisión en los sistemas radiantes.
Así, según explican fuentes del sector, el hecho de que el alto tribunal haya aclarado que las competencias sobre la potencia de emisión de las antenas móviles son estatales, tal y como adelantó ayer CincoDías, va a contribuir a terminar con la inseguridad jurídica que las operadoras de telefonía móvil han sufrido en este ámbito a causa de las diversas normas autonómicas y municipales que se han aprobado en los últimos tiempos.
"Si hay 17 regulaciones distintas en España, una por cada comunidad autónoma, nos obliga a tener 17 formas distintas de trabajar y eso complica mucho nuestras operaciones", señalan fuentes de las operadoras, añadiendo que este escenario de disparidad legal generaba una amplia inseguridad jurídica para las compañías.
Las operadoras defienden que el fallo facilitará la unidad de mercado
En este sentido, otras fuentes del sector afirman que la sentencia del Tribunal Constitucional, al aclarar la competencia estatal en este ámbito, contribuirá a uniformizar las políticas de despliegue de las antenas en todo el territorio nacional. "Con un marco más estable, será más fácil instalar nuevas antenas", indican estos observadores.
Asimismo, en las operadoras confían en que la sentencia logre frenar la proliferación que ha habido de ordenanzas municipales en los últimos tiempos, en las que se entraba a regular los límites en la potencia de emisión de las antenas de telefonía móvil. "La sentencia nos va a dar más tranquilidad porque se unificarán los criterios", dijeron otras fuentes del sector.
Jurisprudencia
Ahora las operadores van a tratar de hacer valer la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en los distintos litigios judiciales abiertos contra distintas administraciones territoriales por la introducción de normas restrictivas en la potencia de emisión de las antenas.
Las operadoras de telecomunicaciones confían en que esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional quede reflejada también en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, actualmente en proceso (tras la paralización del proyecto anterior por culpa del adelantamiento electoral con el fin de la legislatura).
Fuentes jurídicas insisten en señalar que el Gobierno, con esta sentencia, tendrá más facilidad ahora para incorporar en la nueva norma un límite determinado de potencia de las emisiones de las antenas móviles para que sea de aplicación en todo el país.