Encauzado el tema, ¿cómo arreglamos lo de Pymar?
Los problemas que acucian al sector naval en España no proceden, en exclusiva, de si cuenta o no con los mecanismos financiero-fiscales que deben servir para hacer más atractivas las ofertas de sus astilleros frente a la competencia de terceros países, sobre todo de los ubicados en Asia. Encauzadas las conversaciones con la Unión Europea para habilitar un nuevo tax lease semejante al modelo francés, el siguiente problema a solucionar es el futuro de Pymar, la asociación que aglutina a los pequeños y medianos astilleros españoles y en la que participan la Administración central y varias comunidades autónomas.
Pymar, cuya labor avalista y de garantías ha permitido a los constructores navales españoles cerrar un buen número de contratos en los últimos años, necesita una reestructuración y una reflexión en profundidad tras las últimas operaciones fallidas a las que ha tenido que responder y que han dejado sus arcas consumidas. Sus recursos se nutren de las aportaciones de los propios astilleros, con una parte de las primas a la construcción naval, y de las dotaciones de las Administraciones. Y, en estos tiempos de temporal, ni unos ni otros parecen contar con demasiados excedentes para destinar a este capítulo. La realidad es que la política, también en este caso, se ha manifestado en el seno de Pymar. En Galicia, donde el sector naval tiene un importante peso específico en el PIB y el empleo de la comunidad, la Xunta, gobernada por el PP, ha empujado para que se habilite un nuevo tax lease. También, según aseguran fuentes del sector, ha maniobrado para que los recursos de Pymar se hayan dirigido a soportar los fallidos de firmas como Vulcano y que le ha supuesto, tras la aprobación la semana pasada del convenio de acreedores, asumir una quita de 48 millones. Vulcano es la segunda vez, en poco más de una década, que se ha acogido a la protección judicial sin que la gestión cambiara de manos y nadie hubiera solicitado su exclusión, salvo los trabajadores. En Galicia, además, Barreras y Marín se encuentran en situación concursal, dos astilleros que cuentan con los avales de Pymar a través de su Fondo Patrimonial de Garantías.
El conflicto en Pymar ya se manifestó a un mes de la llegada al poder del PP. Antes de la celebración de una junta de accionistas, en la que se iba a pedir a los socios la aportación de nuevos recursos para sanear su balance, se acordó posponer cualquier acuerdo hasta que se hiciera el traspaso de poderes. El acuerdo, pues, se tiene que materializar ahora.
La mayoría del sector apuesta por que Pymar extreme su rigurosidad a la hora de la concesión de los avales porque esta política redundará en beneficio de todos los astilleros. Añaden que se deben recuperar los recursos del Fondo Patrimonial de Garantías con nuevas inyecciones de capital de los constructores y de las Administraciones, sobre todo ahora que se abre un nuevo escenario de contratación con el pacto, prácticamente cerrado, con las autoridades comunitarias para poner en marcha un sistema de estructura financiera que les permitirá una bonificación a los armadores de entre el 20% y el 22% del valor del buque.
El asunto es fundamental. El sector naval ha ido reduciendo su peso en el PIB español, pero todavía dependen de él por los menos 35.000 familias.