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Nuevo orden político

El PP eleva la presión sobre los directivos de las cajas

Debatirá en su congreso pedirles "las responsabilidades debidas".

El PP reúne este fin de semana en Sevilla a 3.172 compromisarios con el objetivo de construir el discurso del partido para los próximos cuatro años y renovar a sus dirigentes en el cuadro de mando, en el que seguirán Mariano Rajoy como presidente y María Dolores de Cospedal como secretaria general. Esta se rodeará en un equipo formado previsiblemente por Javier Arenas, Esteban González Pons y un par de vicesecretarios más.

El discurso del PP se va a actualizar en Sevilla sobre la base de cinco ponencias, en las que se reflexiona sobre los estatutos del partido, la política, la economía, la sociedad y la posición hacia Europa y el exterior. En la ponencia económica -redactada por Luisa Fernanda Rudi, José Manuel Soria y José Antonio Monago- el PP expone las líneas de actuación para mejorar la competitividad de la economía y que ya están siendo aplicadas por el Gobierno. Así, se apuesta por una política presupuestaria "para atajar el déficit estructural" de las cuentas públicas, la reforma laboral, la financiera para que empresas y familias accedan a una financiación competitiva y "una agenda de competitividad" para generar tejido empresarial.

Gestores de entidades

En lo que se refiere a la reforma financiera, el PP plantea mirar a futuro para promover el saneamiento de los balances de los bancos y favorecer nuevos proceso de concentración. Pero también se debatirá "exigir las responsabilidades debidas a aquellos gestores que hayan incurrido en una administración desleal o negligente". En la reforma financiera, el Gobierno ha establecido una limitación de 600.000 euros en el sueldo de los presidentes de las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas, pero no había hablado hasta el momento de exigir responsabilidades a los directivos cuya gestión haya llevado a entidades a la crisis.

En el ámbito del empleo, el PP apuesta por las líneas de actuación que ya se incluyen en la reforma laboral aprobada la semana pasada: flexibilidad en la empresas para adaptarse a los cambios sin tener que recurrir a los despidos, primar la resolución extrajudicial de conflictos y simplificar la tipología de contratos laborales. También se defiende un plan de empleo juvenil, que incluya una reforma de la formación profesional y bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.

El apoyo a los emprendedores, se explica en la ponencia económica, exige "eliminar el exceso de burocracia que lastra gravemente la competitividad y la creación de empleo". El Gobierno ya ha anunciado varias iniciativas concretas en esta línea, como la aprobación de una ley para suprimir las licencias previas de apertura y obra en pequeños establecimientos comerciales. Estos permisos serían sustituidos por controles una vez que el negocio ya esté funcionando, según anunció en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos.

En el terreno fiscal, la ponencia recoge el argumentario habitual del PP, que pasa por impulsar una reforma fiscal "integral", con una mejora del tratamiento para los beneficios que se reinviertan en la empresa y una elevación de los mínimos familiares en el IRPF para adaptarlos a las circunstancias de cada hogar, "especialmente en relación con las familias numerosas".

La cifra

600.000 euros es el salario máximo de los presidentes de las entidades con ayudas públicas que se fija en la reforma financiera.

Medidas preventivas ante el desahucio

El PP apuesta por reforzar los derechos de los usuarios del sistema financiero. En sintonía con lo que plantea el PSOE, el PP defiende que se obligue a la entidad financiera a informar al cliente que contrata una hipoteca "sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de tipos de interés". También a que el banco ofrezca al cliente la opción de contratar una hipoteca de responsabilidad limitada, es decir, que en caso de impago del préstamo la deuda se salda íntegramente con la entrega de la vivienda.Los populares también recogen en la ponencia la reforma de la Ley Concursal, ya anunciada por el Gobierno, para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas "mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".El PP es partidario también de dar mayor flexibilidad a los contratos de arrendamiento y de modificar el impuesto de transmisiones patrimoniales para evitar la tributación múltiples. Ambas propuestas ya iban en el programa electoral.

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