Futura directiva

Bruselas pone en jaque la recuperación del negocio concesional español

Máxima alerta en el sector concesional español, donde figuran las grandes constructoras, ante la tramitación en Bruselas de una directiva que regulará los contratos de concesión de infraestructuras y servicios. Las empresas demandarán el apoyo del Gobierno, a la vista de que se cargará de riesgos a las adjudicatarias y se limitan los reequilibrios económicos, para que mitigue el impacto sobre un negocio en profunda crisis.

Las concesionarias españolas temen que la reforma de su actividad, que se cocina en el Parlamento Europeo, dificulte la recuperación de la misma en este país. Bruselas quiere armonizar las reglas de juego en la UE para la concesión de infraestructuras de transportes, agua, energía, telecomunicaciones y servicios. El objetivo es lograr una mayor transparencia y competencia en los concursos, aclarar los riesgos que debe asumir el sector privado, y controlar los reequilibrios económicos de los contratos. Y para ello entra en primera lectura en el Parlamento la directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Un texto que, en distintos aspectos, representa todo un torpedo contra los intereses de concesionarias españolas.

Ante la falta de recursos presupuestarios, la construcción y operación de infraestructuras a cargo de la iniciativa privada es la herramienta de que dispone el Gobierno para afrontar obras y el propio mantenimiento de carreteras y ferrocarril. Sin embargo, esta relación público-privada se encuentra prácticamente congelada. La escasez de tráfico de pago en las autopistas, que ha lastrado los planes de ingresos de las concesionarias; el sobrecoste en las expropiaciones de suelo, que ha disparado el coste de los proyectos, y la falta de concursos con rendimientos atractivos, han sumido en sus horas más bajas al negocio concesional, que además sufre la estrechez de crédito bancario.

En este contexto, según fuentes del sector, Bruselas "viene a complicar las cosas" con una directiva que afecta a contratos por encima de los cinco millones. El texto se debate el próximo 21 de febrero en el Consejo de Competitividad, al que asiste el ministro Luis de Guindos. El sector concesional está dando pasos para que el Gobierno trate de limar algunos aspectos de la futura norma.

Más control

El texto pretende aclarar en qué condiciones puede renegociarse un contrato de concesión y sostiene que una modificación de calado, en las condiciones firmadas entre empresa y Administración, debe dar lugar a un nuevo concurso o procedimiento de adjudicación.

Una medida que coincide con la petición del reequilibrio económico financiero de numerosas autopistas en España, al borde de la quiebra por la citada falta de tráfico y los sobrecostes en expropiaciones. Empresas y Gobierno han llegado a pactar opciones como la ampliación de los plazos de explotación, cuentas de compensación para complementar los ingresos y créditos participativos para afrontar el pago del suelo donde fueron construidas las autopistas.

La norma señala que si una modificación puede expresarse en términos monetarios, los cambios se entenderán sustanciales y podrían dar lugar a un nuevo concurso cuando exceden el 5% del precio del contrato original o alteran el carácter global del contrato. Del mismo modo, no habrá lugar a modificaciones cuando estas supongan solventar las deficiencias del concesionario en el cumplimiento de sus obligaciones o cuando se trate de compensar riesgos.

Las fuentes empresariales dan por descontado que la norma se aplicará a las concesiones que se adjudiquen tras la entrada en vigor de la directiva (la transposición tiene como tope el 30 de junio de 2014): "La norma no debería afectar a las autopistas españolas adjudicadas hasta el momento", comentan. Sin embargo, aprecian que reglamentos así mitigarán el interés del capital privado por invertir en infraestructuras europeas.

El otro caballo de batalla español será el de minimizar la transferencia de riesgos a los privados. La directiva traslada al concesionario el "riesgo operacional sustancial", lo que implica la carencia de garantías de recuperación de las inversiones. Los riesgos económicos descritos son el de demanda (tráfico) y el de disponibilidad (estado y calidad) de las infraestructuras. Ante la caída del tráfico en las autopistas, el sector concesional ha pedido que se imponga el pago por disponibilidad en detrimento del peaje directo. Así, se valoran aspectos como el número de carriles, reducción de atascos, o un menor índice de siniestralidad, y no el volumen de usuarios.

Una norma que exige más transparencia

Los artículos más llamativos de la directiva de concesiones son el 42 y 43, relativos a la modificación de las condiciones durante la vigencia de un contrato y la rescisión de los mismos. Pero hay otros de gran interés.

El artículo 2 atañe a los riesgos que debe asumir una empresa concesionaria. Por lo general son de tráfico y disponibilidad.

En el artículo 39 se exige máxima transparencia a la Administración a la hora de fijar en los pliegos los criterios de selección de una oferta. Los más comunes serán los costes, calidad (valor técnico y características estéticas y funcionales) o la cualificación del personal asignado a la ejecución del proyecto. La entidad adjudicadora debe especificar la ponderación de cada uno de los criterios elegidos.

En el 41 se recuerda que las concesionarias pueden subcontratar, pero deberán exponer en sus ofertas qué confiarán a otras empresas y quiénes son esos subcontratistas.